El Gobierno decidió postergar hasta marzo las negociaciones con la oposición por las vacantes en la Corte Suprema de Justicia y en los juzgados federales, confirmaron fuentes oficiales. Según señalaron desde la Casa Rosada, la instrucción que bajó el presidente Javier Milei es clara: “El tema no se mueve hasta después de las sesiones extraordinarias”.
En Balcarce 50 remarcan que las prioridades inmediatas del Ejecutivo pasan por la aprobación del Presupuesto 2026, junto con las reformas laboral y tributaria, pilares de la agenda económica que el Gobierno busca consolidar antes de fin de año. A estos proyectos se suma la iniciativa para incentivar el uso de los “dólares del colchón”, una propuesta que aún genera debate dentro del oficialismo.
La decisión de aplazar las conversaciones también refleja la falta de definición interna sobre la conducción política del área judicial. Aunque el viceministro Sebastián Amerio aparece como interlocutor en algunos despachos, en otros sectores del gabinete admiten que “puede haber cambios”. Esa indefinición explica, en parte, la dilatada salida de Mariano Cúneo Libarona del Ministerio de Justicia, quien presentó su renuncia públicamente, pero todavía no fue reemplazado. Entre los nombres en análisis figura el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro.
En paralelo, el Ejecutivo mantiene abierta la posibilidad de negociar con el kirchnerismo en el Senado una eventual ampliación de la Corte Suprema, con interlocutores que incluyen al ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, y al titular de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos.
De todos modos, en el oficialismo reconocen que no hay definiciones sobre los nuevos candidatos que se propondrán en 2026. Los nombramientos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, impulsados originalmente por Milei, cayeron en abril de 2025 por falta de apoyo en el Senado. Desde entonces, el Gobierno mantiene una lista de posibles nombres, entre ellos los abogados Ricardo Ramírez Calvo, Carlos Laplacette, Alberto Bianchi y el exjuez Ricardo Rojas.
Además de la Corte, la Casa Rosada pretende negociar con los gobernadores aliados la cobertura de 150 vacantes en juzgados federales. La mesa política de Balcarce 50 busca incluir en la agenda la renovación del Procurador General, cargo que hoy ocupa Eduardo Casal, y la Defensoría General, a cargo de Stella Maris Martínez.
“Por ahora no hay nada cerrado”, repiten en el entorno presidencial, donde aseguran que cualquier avance quedará sujeto al nuevo escenario político que se configure en marzo, tras el tratamiento de las leyes económicas.
