La agenda de Sesiones Extraordinarias enviada por el presidente Javier Milei incluye uno de los proyectos más ambiciosos de su gestión: una Reforma Integral del Código Penal, pensada para actualizar un sistema normativo vigente desde 1921 y endurecer el castigo a los delitos más frecuentes y graves.
La propuesta —elaborada por una comisión coordinada por el penalista Jorge Buompadre y presentada por el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona junto a la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich— apunta a reorganizar y modernizar el derecho penal argentino.
Unificación normativa y penas más severas
Una de las transformaciones centrales es la unificación de toda la legislación penal. El texto pasará de 316 a 920 artículos, integrando el Código vigente y más de un millar de leyes penales sancionadas durante el último siglo. Con esto, el Gobierno busca eliminar contradicciones, vacíos y superposiciones.
La reforma incluye un endurecimiento generalizado de penas:
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El homicidio simple podría alcanzar condenas de hasta 30 años.
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Se agravan sanciones para delitos frecuentes como robos de celulares, entraderas, estafas piramidales y delitos viales.
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Se incorporan mecanismos que apuntan al cumplimiento efectivo de las penas.
Delitos sin prescripción y nuevas figuras del siglo XXI
El proyecto propone ampliar la imprescriptibilidad más allá de los delitos de lesa humanidad. Bajo la nueva redacción, homicidios, abusos sexuales, trata de personas y narcotráfico dejarían de tener plazos límite para ser investigados.
Al mismo tiempo, se incorporan figuras delictivas vinculadas a fenómenos contemporáneos:
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Cibercrimen: fraude digital, ciberataques, intrusiones informáticas.
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Manipulación de imágenes con Inteligencia Artificial, especialmente con contenido sexual.
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Stealthing (retiro no consentido del preservativo).
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Pornovenganza y secuestro virtual.
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Crueldad animal sistemática.
La reforma también apunta de forma directa contra la corrupción. Según Bullrich, las penas para funcionarios públicos dejarán de ser “leves” y pasarán a ubicarse entre los niveles “graves y gravísimos”. Además, se incorpora el decomiso anticipado de bienes en causas vinculadas a hechos de corrupción.
