Este miércoles, pautado a partir de las 11.30, el Senado de la Nación vuelve al recinto para discutir el proyecto de Ficha Limpia, una iniciativa que busca impedir que personas condenadas en segunda instancia por corrupción accedan a cargos públicos.
La propuesta, impulsada originalmente por sectores del PRO, llega a la Cámara alta luego de casi tres meses de postergaciones, en medio de una fuerte disputa entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO, dos espacios que parece que debieran ser aliados, pero que han protagonizado una guerra fría legislativa.
Entre los temas acordados en la reunión de Labor Parlamentaria del 22 de abril, también figuran los pliegos diplomáticos de Alejandro Oxenford (Estados Unidos) y Wenceslao Bunge Saravia (España), además de la designación de Emilio Viramonte como secretario administrativo del cuerpo.
A pesar del respaldo mayoritario que ya suma 38 votos —suficientes para la sanción—, la norma fue usada como ficha de presión y estrategia electoral. Mientras LLA intentó condicionar al kirchnerismo con la posible inhabilitación de Cristina Kirchner, el PRO buscó capitalizar políticamente el debate para beneficiar a su candidata porteña, Silvia Lospennato, una de las promotoras del proyecto.
Las diferencias estallaron cuando Ezequiel Atauche, jefe del bloque libertario, pidió no sumar el proyecto al temario de la sesión en la que se homenajeó al papa Francisco, al sostener que el Gobierno no quería tratar Ficha Limpia esa semana, ni este miércoles
El cruce más reciente se dio cuando LLA culpó públicamente a los senadores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano por la fallida sesión especial del 9 de abril. Sin embargo, Carambia respondió con un video en redes donde acusó directamente al oficialismo de operar en contra del proyecto a través del funcionario José Rolandi.
La sesión de hoy no solo pondrá a prueba el músculo legislativo de la oposición no peronista, sino también la capacidad del Gobierno para ordenar a sus aliados y evitar nuevas fracturas internas. La pulseada por el rédito político, en este caso, parece pesar más que el espíritu de la ley.