El líder de la RAM Facundo Jones Huala sigue alojado en el penal federal de máxima seguridad de Rawson y ahora enfrenta un nuevo frente de conflicto: el Servicio Penitenciario Federal (SPF), bajo la órbita del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, le impuso una batería de restricciones sobre el uso de ropas mapuche, ejercer prácticas culturales y religiosas propias de su raza originaria. La medida fue denunciada por su defensa como una violación a los derechos humanos.
Entre las prohibiciones más polémicas se cuentan la negativa a realizar ceremonias espirituales, a usar vestimenta tradicional como el makun (poncho), el trarilonco (vincha) o el tariwe (faja) y a ingresar hierbas medicinales. Todas estas prácticas, comunes en la cosmovisión mapuche, fueron vetadas con el argumento de que no están contempladas en el Registro Nacional de Cultos o que no cuentan con aval del servicio médico oficial del penal.
"La situación es gravísima", advirtió el abogado Gustavo Franquet, representante de Jones Huala e integrante de la Asociación Gremial de Abogados, que presentó un reclamo formal ante el juez federal de Rawson, Gustavo Lleral. En esa presentación, se exigió la intervención judicial para revertir lo que consideran un régimen de detención"arbitrario y discriminatorio".
Las condiciones son mucho más duras que cuando estuvo detenido en Esquel, a la espera de su extradición. Y eso no es casualidad. Ahora lo alojaron en un penal de máxima seguridad y lo tratan como si ya estuviera condenado, cuando apenas está siendo investigado
Ante el pedio, el juez Lleral resolvió conformar una comisión especial que integrarán autoridades penitenciarias, referentes de comunidades mapuches y el propio Jones Huala, con el objetivo de revisar y eventualmente modificar las condiciones de detención.
La defensa apuntó directamente contra la política de seguridad implementada por Bullrich. "Las condiciones son mucho más duras que cuando estuvo detenido en Esquel, a la espera de su extradición. Y eso no es casualidad. Ahora lo alojaron en un penal de máxima seguridad y lo tratan como si ya estuviera condenado, cuando apenas está siendo investigado", explicó Franquet.
La causa por la que fue detenido a comienzos de junio está en plena etapa preliminar. Se lo acusa de apología del delito y de pertenecer a una organización que "impone sus ideas por la fuerza". El juez federal le dictó 90 días de prisión preventiva, que vencen en septiembre, y ordenó su traslado a Rawson. Allí, Jones Huala convive con presos condenados por delitos graves y está sometido al mismo régimen restrictivo.
Religión, identidad y derechos vulnerados
El SPF le negó los pedidos para realizar ceremonias mapuches dentro del penal con el argumento de que su culto "no está inscripto" oficialmente. También le prohibieron el ingreso de hierbas utilizadas en la medicina ancestral de su pueblo, alegando que "no cuentan con aval del servicio médico" del penal, que solo reconoce la medicina occidental.
Además, le advirtieron que no puede ducharse en la madrugada, como indican ciertos rituales espirituales, porque a esa hora los internos están bajo "régimen cerrado" y debe respetarse el horario de descanso. También le aplicaron normas internas que impiden usar ropa con capucha, cinturones o anteojos no recetados, lo que en la práctica limita aún más la posibilidad de vestir elementos culturales propios.
Para Franquet, estas restricciones vulneran tratados internacionales suscriptos por Argentina: "Lo están disciplinando por su identidad y por su historia política", denunció el abogado, que confía en que la evaluación “intercultural” ordenada por el juez pueda abrir una vía de diálogo para revertir la situación.