El Gobierno nacional aprobó tres nuevos créditos internacionales por un total de US$ 1.500 millones, provenientes del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), que forma parte del Grupo Banco Mundial, y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Estos préstamos se suman al financiamiento por US$ 230 millones aprobado ayer, destinado a programas de inserción laboral para jóvenes, mujeres y personas desocupadas.
Mediante el decreto 488/2025, el presidente Javier Milei, junto al ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, autorizó un nuevo préstamo del BID por hasta US$ 400 millones. Este monto financiará el Programa de Apoyo a Reformas Regulatorias para la Competitividad, cuyo objetivo general es mejorar el ambiente de negocios en el país. Entre sus metas específicas se encuentran:
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La reducción de los costos de cumplimiento regulatorio para las empresas,
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La disminución del rol de las empresas públicas nacionales en la economía,
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Y el aumento de la eficiencia en las operaciones de comercio exterior.
A través del decreto 489/2025, el Gobierno aprobó un crédito del BIRF por hasta US$ 300 millones para poner en marcha el Programa de Modernización de los Servicios de Administración Tributaria. Esta iniciativa busca mejorar la eficiencia, transparencia y eficacia del sistema impositivo argentino, y estará bajo la órbita del Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Hacienda, con el respaldo técnico de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Por último, el decreto 490/2025 autoriza la firma de un nuevo préstamo del BID por hasta US$ 800 millones, destinado a implementar el Programa de Fortalecimiento de la Política Fiscal II. El objetivo general del programa es contribuir a la sostenibilidad fiscal del país. Sus metas principales incluyen:
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Incrementar la eficiencia del sistema tributario,
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Y optimizar la asignación del gasto público.
Con estas medidas, el Gobierno continúa avanzando en su estrategia de financiamiento externo con organismos multilaterales para sostener políticas estructurales y fortalecer el equilibrio macroeconómico del país.