El Gobierno destinará más de $26.000 millones en aportes a partidos políticos y capacitaciones para las elecciones nacionales que se realizarán el 26 de octubre. Se trata de la instrucción que dará el Estado a los fiscales sobre los cambios en la aplicación de la Boleta Única de Papel (BUP), que comenzará este año.
El Ejecutivo definirá además el 11 de septiembre la distribución de espacios publicitarios en emisoras de radio, televisión abierta y por suscripción para las distintas agrupaciones políticas. Por otra parte, Nación no planea destinar fondos para debates entre candidatos, que quedaron sin efecto tras la suspensión de las PASO.
La Casa Rosada adjudicó un presupuesto de $395.000 millones para todos los gastos electorales. Ya firmó un convenio con la empresa estatal Correo Argentino por $223.000 millones, que incluye la logística de impresión de boletas, escrutinio provisorio y urnas.
En Balcarce 50 aseguran que se derivarán $14.000 millones para la Cámara Nacional Electoral, junto con otros $20.000 millones para gastos de autoridades de mesa y $700 millones para otras capacitaciones en las provincias. El encargado de la ejecución es el vicejefe de gabinete del Interior, Lisandro Catalán, que tiene en su órbita a la Dirección Nacional Electoral (DINE). La subsecretaria de Asuntos Políticos, Giselle Castelnuovo, que será candidata de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, tiene previsto dejar el cargo en el corto plazo.
Castelnuovo también tiene a cargo el Fondo Partidario Permanente, que cuenta con un presupuesto de $401.664.000, según el Servicio Administrativo Financiero de la Jurisdicción. Este fondo corresponde a la asignación, corrección y rendición de cuentas de fondos públicos destinados a partidos políticos. El Gobierno ya habilitó el envío de fondos a los partidos mediante la disposición 1/2025 de la directora nacional electoral, Luz Landivar. La norma, publicada en el Boletín Oficial el 23 de mayo, regula la asignación, redistribución y compensación de los aportes estatales a los partidos políticos, según el calendario legal previsto en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos.
En esta instancia, el Ejecutivo derivó $44.006.772 al Partido Justicialista (PJ), $24.253.839 a Propuesta Republicana (PRO), $19.760.160 a la Unión Cívica Radical (UCR), $12.642.673 al Frente Renovador y $10.057.648 a la Unión Celeste y Blanco, entre otros. La Libertad Avanza recibió alrededor de $2.900.000 entre todas sus representaciones jurisdiccionales.
