Una sesión que huele a tormenta
El Senado se prepara para una de esas sesiones que no pasan desapercibidas. Este jueves, desde las 11, los legisladores ponen sobre la mesa temas que el Gobierno hubiese preferido esquivar: financiamiento de las universidades, la ley Garrahan que declara la emergencia pediátrica y la atención médica en residencias, además de una catarata de decretos que meten mano en instituciones emblemáticas.
La bronca viene acumulándose. Diputados ya le dio un golpe al oficialismo al rechazar el veto a la ley de emergencia en Discapacidad, y ahora los ojos están puestos en lo que decida la Cámara alta. Aunque no todo podrá tratarse de inmediato, la tensión ya es inocultable: los números no le cierran al Gobierno y el escenario lo expone.
El oficialismo juega a la defensiva en un tablero que parece inclinado en su contra. Lo que está en discusión no es menor: la salud, la educación y la estructura de organismos con décadas de historia. Y cada movimiento en el Congreso se convierte en pólvora pura para la grieta.
Universidades, hospitales y una bomba social
Uno de los puntos más calientes de la sesión es el financiamiento universitario. La falta de recursos golpea de lleno en miles de estudiantes y docentes que ven peligrar el funcionamiento de las instituciones públicas. Para la oposición, la situación es insostenible y la respuesta del Gobierno es lenta y confusa.
A esto se suma la ley Garrahan, que busca declarar la emergencia sanitaria en la atención pediátrica durante un año. El colapso en hospitales infantiles y en el sistema de residencias médicas es un dato que atraviesa al país, y el Congreso pretende dar una señal política fuerte.
En paralelo, la discusión sobre la emergencia en Discapacidad quedó en suspenso, pero el rechazo en Diputados ya dejó al oficialismo tambaleando. Lo que se debate no es un simple trámite: es la imagen de un Gobierno que aparece debilitado frente a causas que despiertan indignación popular.
Golpe a organismos históricos: INTA, INTI y Vialidad en la mira
Los decretos delegados son otra caja de pólvora. El Ejecutivo busca transformar al INTA y al INTI, quitándoles autonomía y colocándolos bajo la órbita directa de secretarías de Estado. El discurso oficial habla de “reestructuración” y “eficiencia”, pero lo que queda en el aire es la sospecha de un vaciamiento encubierto.
El caso más escandaloso es el de la Dirección Nacional de Vialidad, con más de 60 años de historia. El Gobierno decretó su disolución y transfirió funciones clave al Ministerio de Economía. Para los críticos, es un golpe a la soberanía de la obra pública y un retroceso que favorece a privados.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial tampoco se salva: su desaparición deja el control de rutas nacionales en manos de la Gendarmería. El recorte también afecta a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que cambia de nombre y de funciones, y a la Junta de Seguridad en el Transporte, que queda reducida únicamente al ámbito aéreo. La sensación es clara: un desguace que toca fibras sensibles.
Una pulseada que puede definir el rumbo político
Más allá de los temas técnicos, lo que se juega en el Senado es poder. El oficialismo llega con un frente interno desgastado y con una oposición envalentonada. Cada votación será leída como un triunfo o una derrota directa para la Casa Rosada.
El costo político de perder estas batallas puede ser enorme. El impacto en la calle ya se percibe: estudiantes, médicos y trabajadores de distintos organismos sienten que la situación los arrincona. Lo que ocurra en el recinto no quedará puertas adentro: la bronca social puede escalar.
La sesión de hoy no es una más. Es una postal de un Gobierno que enfrenta a todos los fantasmas al mismo tiempo: la educación, la salud y los organismos que supieron sostener el Estado durante décadas. El resultado puede marcar un antes y un después en su ya complicada relación con la sociedad.
