El presidente Javier Milei firmó este miércoles el veto a la ley de financiamiento universitario y remitió el texto al Congreso, donde la oposición analiza si intentará revertir la decisión en una sesión especial programada para el miércoles próximo.
La norma vetada contemplaba actualizaciones automáticas por inflación de los gastos de funcionamiento de las universidades, incluyendo hospitales universitarios y partidas de investigación. Además, ordenaba reabrir las paritarias del sector para recomponer los salarios de docentes y no docentes y ampliar las becas.
El proyecto había sido aprobado en la Cámara de Diputados a principios de agosto con 158 votos a favor, pero sin alcanzar los dos tercios necesarios para que un veto presidencial pueda ser fácilmente rechazado. Por lo tanto, si la oposición desea insistir con la versión original de la ley, deberá reunir la mayoría especial requerida.
En esa misma sesión se aprobaron también la declaración de emergencia en pediatría —por la situación crítica del Hospital Garrahan— y la normativa sobre la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias. Ambos proyectos también recibirán vetos presidenciales, aunque estos aún no se enviaron al Congreso; el plazo para hacerlo vence este jueves.
El proyecto había sido impulsado por el radicalismo disidente de Democracia para Siempre junto con los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). La ley proponía, entre otros puntos:
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Actualización automática de los gastos universitarios según la inflación.
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Reapertura de paritarias en tres meses para docentes y no docentes.
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Incremento de becas y partidas de investigación.
Argumentos del Ejecutivo
Desde la Casa Rosada rechazaron la iniciativa desde su presentación, argumentando que su costo fiscal sería demasiado elevado y pondría en riesgo el superávit fiscal, considerado fundamental para el plan económico del Gobierno.
