El fiscal Franco Picardi solicitó al juez Sebastián Casanello que rechace el pedido de nulidad presentado por los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, en el marco de la investigación por presunto cobro de sobreprecios de medicamentos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Los Kovalivker, representados por su abogado Martín Magram, argumentaron que la causa se inició a partir de grabaciones que consideran ilegales, por supuesta vulneración del derecho a la intimidad. Además, sostuvieron que los hechos ya habrían sido juzgados en 2024 en otra investigación sobre un contrato similar, que concluyó sin detectarse irregularidades. La defensa también defendió la negativa a entregar las claves de sus teléfonos, alegando que contienen información sensible y privada.
Por su parte, la Fiscalía sostiene que las grabaciones pueden ser válidas en investigaciones de corrupción. “Muchas veces un funcionario público toma conocimiento de un hecho ilícito y teme denunciarlo. Por eso graba al implicado y luego filtra el material a la prensa para que se haga público. Eso no impide que el caso pueda investigarse”, indicaron fuentes de la investigación, citando convenciones internacionales que respaldan el uso de cámaras ocultas y registros audiovisuales en causas de corrupción.
La causa se inició el 25 de agosto, tras una denuncia de Alejandro Díaz Pascual, miembro de la asociación civil Arco Social, que alertó sobre compras millonarias de ANDIS a Suizo Argentina, por montos cercanos a $30.000 millones, sin licitación pública. En ese momento, la ANDIS estaba dirigida por Diego Spagnuolo, separado de su cargo luego de la filtración de audios donde denunciaba pedidos de coimas que involucraban a funcionarios del gobierno de Javier Milei. La denuncia también vinculó a la droguería con Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y con su primo Eduardo “Lule” Menem, bajo la órbita de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.
Actualmente, el análisis de contratos y documentación secuestrada se encuentra en etapa preliminar y no existen conclusiones definitivas sobre irregularidades ni sobre la procedencia de los fondos involucrados. Desde Suizo Argentina aseguran que todos sus contratos son legales y que nunca ofrecieron sobreprecios. La decisión final sobre las nulidades podría llegar a la Cámara Federal, donde se evaluará la validez de las pruebas y los argumentos de la defensa.
