En una audiencia de determinación de la pena realizada este martes, un tribunal colegiado condenó a un hombre (con las siglas S.B), a 6 años y 8 meses de prisión de cumplimiento efectivo por dos hechos de abuso sexual: el primero fue en 2022, cuando intentó besar y tocó en sus partes íntimas a una adolescente de su entorno cercano; y el segundo fue en agosto de 2024, cuando abusó sexualmente de la madre de su hijo.
En el juicio de responsabilidad, el mismo tribunal avaló el requerimiento del fiscal del caso Adrián De Lillo y el asistente letrado Federico Surá y condenó por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple, ambos en calidad de autor.
Para requerir la condena el fiscal jefe Gastón Ávila valoró como agravantes la extensión del daño causado, el sometimiento por parte del imputado y la existencia de una relación previa con ambas víctimas, mientras que como atenuantes sólo tuvo en cuenta la ausencia de antecedentes penales computables.
Es importante recordar, que la identidad del condenado se mantiene en reserva para resguardar la intimidad de las víctimas y sus grupos familiares.
Con la imposición de la pena, el hombre será inscripto en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual (RiCoPeDIS).
Los ataques sexuales
La teoría del caso acreditada en el juicio, y por la que se fijó la pena, es que la agresión sexual de mayor gravedad ocurrió el 14 de agosto de 2024, alrededor de las 18, en San Martín de los Andes. El abuso se produjo en la vivienda del imputado, a donde la mujer llevó al hijo que ambos tienen en común. En ese marco, S.B mandó al niño a jugar en el exterior de la casa y luego hizo ingresar a la víctima, la llevó por la fuerza hacia una habitación y cometió el abuso sexual.
Además, el hombre cometió otro hecho en septiembre de 2022, cerca de la medianoche, en el exterior de su casa en la misma ciudad cordillerana, cuando intentó besar a una adolescente en dos oportunidades y la tocó, por lo que la joven escapó corriendo.
Como querellante institucional en representación de la víctima menor de edad, intervino el defensor de los Derechos del niño y el Adolescente Lucas González. El tribunal colegiado que fijó la pena, por unanimidad, estuvo integrado por la jueza Leticia Lorenzo y los jueces Maximiliano Bagnat y Juan Pablo Balderrama.
