Tres de cada cuatro abogados en la Argentina consideran que la Justicia es lenta o muy lenta y le pusieron, en promedio, apenas 5 puntos sobre 10 a su funcionamiento. Así lo reveló una encuesta nacional que consultó a 2.118 profesionales del derecho, cuyos resultados exponen una mirada crítica sobre los tiempos judiciales, la independencia de los jueces y la respuesta del sistema.
El relevamiento, titulado “¿Qué piensan abogadas y abogados sobre el funcionamiento de la Justicia?”, fue elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) junto al Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF). Participaron letrados que litigan en el fuero nacional y federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, quienes opinaron sobre cinco grandes ejes: tiempos procesales, calidad de las sentencias, desempeño de jueces y juezas, regulación de honorarios y comunicación con juzgados y tribunales.
En términos generales, el nivel de satisfacción es medio. La evaluación global del sistema judicial alcanzó un promedio de 5 sobre 10, un puntaje que refleja más dudas que certezas. Algo similar ocurre con la independencia judicial, que obtuvo 4,6 puntos y mostró una tendencia a la desconfianza: una de cada diez personas aseguró que la Justicia no es nada independiente.
Uno de los puntos más cuestionados fue la duración de los procesos. Más del 75% de los abogados calificó los tiempos judiciales como lentos o muy lentos, con críticas especialmente fuertes en los fueros Laboral, de la Seguridad Social y Civil y Comercial Federal, donde las percepciones negativas superaron el 80%. A esto se suma el reclamo por las medidas cautelares: casi seis de cada diez profesionales que las solicitaron consideraron que se dictan en plazos excesivos, sobre todo en los fueros Penal Económico, Laboral y de la Seguridad Social.
El estudio también mostró un fuerte contraste entre lo que se observa y lo que se denuncia. El 79% de los encuestados dijo haber presenciado situaciones que podrían constituir mal desempeño, como demoras injustificadas, falta de aplicación de la ley o decisiones parciales. Sin embargo, solo el 3,5% realizó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura. Entre quienes no avanzaron con una presentación formal, la principal razón fue la desconfianza en que el organismo actúe correctamente.
Respecto de la calidad técnica de las sentencias, las opiniones fueron mayormente intermedias. Casi el 40% las evaluó de manera positiva, mientras que el 45,8% las consideró regulares y algo más del 15% expresó una valoración negativa. En cuanto a los honorarios profesionales, el 40% afirmó que están por debajo de los parámetros legales, una percepción que se profundiza entre abogados independientes, socios de estudios jurídicos y representantes de organizaciones de la sociedad civil.
Desde las organizaciones responsables del informe destacaron que estos resultados permiten identificar problemas estructurales y sirven como base para impulsar cambios. Según señalaron, conocer la mirada de quienes trabajan a diario en los tribunales es clave para pensar reformas que apunten a una Justicia más eficiente y de mayor calidad.
