El Gobierno nacional anunció que apelará el fallo judicial que declaró nulo el protocolo antipiquetes, una de las principales herramientas de control de protestas impulsadas desde el Ministerio de Seguridad. La decisión fue comunicada públicamente por la ministra Alejandra Monteoliva, quien aseguró que el Ejecutivo no dará marcha atrás y defendió el esquema como clave para garantizar el orden público.
La resolución fue dictada por el juez federal Martín Cormick, quien hizo lugar a un amparo colectivo presentado por el CELS y consideró inválido el protocolo aprobado durante la gestión de Patricia Bullrich. Según el magistrado, la normativa carece de los requisitos legales necesarios para ser considerada un acto administrativo válido y avanza sobre competencias que exceden al Poder Ejecutivo.
Tras conocerse el fallo, Monteoliva expresó en sus redes sociales que “sin protocolo no hay orden, hay caos” y sostuvo que la medida judicial responde a sectores que, según su visión, buscan desestabilizar la paz social. Remarcó que el protocolo cuenta con fundamentos técnicos, jurídicos y operativos, y afirmó que será defendido “a toda costa”.
Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación reforzaron ese mensaje y confirmaron que la decisión será apelada. En un comunicado oficial señalaron que el protocolo es legítimo, que se aplica conforme a la ley y que el Gobierno no retrocederá frente a lo que considera intentos de reinstalar el desorden en las calles.
En su fallo, el juez Cormick también aclaró que las personas que se consideren afectadas por la aplicación del protocolo podrán realizar denuncias individuales ante la Justicia Penal, para que se evalúe el accionar de las fuerzas de seguridad en cada caso concreto.
Desde el CELS, organización que impulsó el amparo, celebraron la resolución y destacaron que el fallo pone límites a la capacidad del Ministerio de Seguridad para restringir derechos constitucionales. Sostuvieron que, bajo el argumento de ordenar el tránsito y dar instrucciones a la policía, la resolución avanzó sobre leyes penales, procesales y orgánicas sin pasar por el Congreso.
El protocolo antipiquetes fue aplicado por última vez a mediados de diciembre, durante la movilización de la CGT contra la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, ya con Monteoliva al frente de la cartera de Seguridad.
El fallo también generó reacciones en el ámbito sindical. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que una resolución ministerial no puede estar por encima de la Constitución y calificó la decisión judicial como un avance contra la represión. Al mismo tiempo, cuestionó la demora de la Justicia en intervenir y afirmó que una reacción más temprana podría haber evitado cientos de heridos en manifestaciones anteriores.
