El Gobierno acelera las negociaciones para cerrar la reforma laboral y apunta a aprobarla en febrero, cuando el Congreso trate el tema en el marco de las sesiones extraordinarias. Con ese objetivo, la Casa Rosada y el bloque de La Libertad Avanza intensificaron reuniones políticas y técnicas para sumar respaldos y ajustar los últimos detalles del proyecto.
En el Senado, el oficialismo trabaja contra reloj. Una comisión técnica mantiene encuentros con legisladores, asesores y representantes de distintos sectores sociales, entre ellos sindicatos y cámaras empresariales. La estrategia es llegar al 11 de febrero con el mayor consenso posible para llevar la iniciativa al recinto. En paralelo, la bancada oficialista ya fue convocada a comienzos de mes para definir el temario y la hoja de ruta parlamentaria.
La reforma busca modernizar el marco laboral, en un contexto donde el mercado de trabajo cambió de forma profunda en los últimos años. Desde sectores sindicales reconocen que crecieron nuevas modalidades, como el trabajo autónomo y el empleo vinculado a plataformas digitales, que hoy no cuentan con una regulación específica. Sin embargo, remarcan que cualquier actualización de la normativa no debe significar un retroceso en los derechos adquiridos por los trabajadores.
Desde el oficialismo aseguran que el texto final incorporará modificaciones para cerrar acuerdos pendientes y alcanzar un respaldo amplio. Señalan que los puntos centrales ya cuentan con aval político y que la definición del Presupuesto despejó uno de los principales obstáculos. El Gobierno insiste en que la prioridad es mantener el superávit fiscal, condición clave para aplicar los incentivos previstos en la ley, especialmente para pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de fomentar el empleo privado y la inversión.
En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene una intensa agenda con gobernadores para garantizar apoyo político. En los últimos días se reunió con mandatarios de distintas provincias y continuará los encuentros esta semana. Desde el Ejecutivo sostienen que se trata de una ley que beneficiará a las economías regionales al impulsar la actividad privada, la productividad y la generación de empleo.
El principal foco de tensión está en el capítulo tributario del proyecto, que contempla reducciones en impuestos que se coparticipan con las provincias. Ante ese escenario, la Casa Rosada plantea mecanismos de compensación para evitar pérdidas en los ingresos provinciales, un punto clave para cerrar acuerdos con los gobernadores.
Las conversaciones continúan tanto en el plano político como técnico. En el Gobierno confían en sostener apoyos logrados en debates anteriores y en volver a dividir posturas opositoras en el Senado, con la expectativa de que la reforma laboral se convierta en ley durante febrero.
