El Gobierno nacional apeló el fallo judicial que había declarado la nulidad del protocolo antipiquetes y aseguró que la medida seguirá aplicándose con normalidad mientras la Cámara revisa la decisión. Así lo confirmó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien informó que la sentencia del juez federal Martín Cormick quedó suspendida tras la presentación del recurso.
Desde el Ministerio de Seguridad explicaron que el juzgado concedió la apelación “con ambos efectos”, lo que implica que la resolución judicial no tiene vigencia hasta que se expida la Cámara. En ese contexto, el Ejecutivo remarcó que el protocolo continúa en funcionamiento y puede ser utilizado por las fuerzas de seguridad.
“El protocolo sigue vigente. La Justicia concedió el recurso que presentamos y suspendió los efectos del fallo”, sostuvo Monteoliva a través de sus redes sociales. Y reforzó la postura oficial: “No vamos a dar un paso atrás. El orden se sostiene con decisión y reglas claras”.
El fallo ahora apelado había sido dictado tras un amparo colectivo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que cuestionó la constitucionalidad del protocolo implementado durante la gestión de Patricia Bullrich. En su resolución, el juez Cormick consideró que la normativa presentaba deficiencias legales y carecía de los requisitos necesarios para ser válida como acto administrativo. Además, el magistrado había señalado que las personas que se consideren afectadas por la aplicación del protocolo podían realizar denuncias individuales ante la Justicia penal por la actuación de las fuerzas de seguridad.
Tras conocerse esa decisión, el Gobierno había anticipado que apelaría de inmediato, algo que se concretó en menos de 24 horas. Desde el Ejecutivo insistieron en que la medida cuenta con fundamentos técnicos, jurídicos y operativos, y que es una herramienta clave para garantizar el orden público. “Vamos a defenderlo a toda costa porque le devolvió tranquilidad a los argentinos que quieren vivir en paz”, reafirmó la ministra. Ahora, la definición final quedará en manos de la Cámara, mientras el protocolo continúa aplicándose en todo el país.
