El presidente Javier Milei tiene previsto volver a convocar a sesiones extraordinarias del Congreso a partir del 2 de febrero, con la intención de reactivar una agenda legislativa centrada en las reformas económicas que el Gobierno considera clave para 2026. La decisión se terminó de delinear en reuniones internas realizadas en la Casa Rosada.
Según el esquema que maneja el Ejecutivo, el decreto de convocatoria sería firmado en la última semana de enero, mientras durante todo el mes se buscará acelerar las negociaciones políticas con legisladores y gobernadores aliados para llegar al recinto con acuerdos ya encaminados.
El foco principal estará puesto en la reforma laboral y en las modificaciones a la Ley de Glaciares. En el caso del régimen de trabajo, el proyecto ya cuenta con dictamen, pero no fue tratado antes porque el oficialismo optó por priorizar la sanción del Presupuesto 2026 y de la Ley de Inocencia Fiscal, orientada a incentivar el uso de dólares no declarados.
Dentro del Gobierno no descartan introducir cambios en el texto laboral para facilitar su aprobación. La idea, repiten en Balcarce 50, es avanzar solo con aquellos puntos que estén directamente vinculados a la creación de empleo, dejando de lado aspectos que puedan trabar el consenso. Desde el Ejecutivo también bajan el tono a un posible conflicto sindical. No está en los planes convocar a la CGT en el corto plazo y consideran poco probable que se dispare un paro general en esta etapa.
Uno de los puntos más sensibles de la reforma es su impacto fiscal. El propio Gobierno reconoce que los cambios tributarios implican un costo cercano al 0,5% del PBI, lo que equivale a unos 3.500 millones de dólares anuales, una cifra superior a estimaciones previas. Gran parte de ese impacto se explica por la creación del Fondo de Asistencia Laboral, que redirecciona parte de las contribuciones patronales para financiar indemnizaciones por despido.
La Casa Rosada defiende la iniciativa y asegura que ese costo es absorbible si se cumplen las metas del Presupuesto 2026, que proyecta un superávit primario cercano al 1,5% del PBI. Además, apuestan a que la baja inicial de recaudación se compense con más empleo formal, mayor registración y un aumento de la base imponible.
El paquete que acompaña la reforma laboral también incluye reducciones en Ganancias corporativas, exenciones impositivas para operaciones inmobiliarias, alivios para inversiones medianas y la eliminación de algunos impuestos internos. Para el Ejecutivo, se trata de un paso previo a una reforma tributaria más profunda, que por ahora queda postergada por falta de margen fiscal y consenso político.
