En el tramo final de la discusión del Presupuesto 2026, el oficialismo perdió un capítulo que incluía la derogación de las leyes de emergencia en Discapacidad y de financiamiento universitario, aprobadas con amplio respaldo político durante el año y luego vetadas por el presidente Javier Milei.
El Poder Ejecutivo había defendido la eliminación de esas normas bajo el argumento de que implicaban incrementos en el gasto público incompatibles con el déficit cero.
Sin embargo, datos recientes de la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC) señalan que el impacto fiscal previsto no supone montos de difícil cobertura frente al resto de decisiones tributarias incluidas en el propio proyecto oficial.
El contexto fiscal: ingresos resignados
Según el Presupuesto 2026, el Gobierno proyecta pérdidas fiscales superiores por otras vías:
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baja de Ganancias empresarias
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reducción de Bienes Personales
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recorte de impuestos internos a electrónica y automóviles
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disminución de retenciones a determinados granos
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baja de contribuciones patronales dentro del capítulo laboral
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eliminación del Impuesto PAIS y del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles
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regímenes de blanqueo y alivio fiscal
Estas decisiones, señala la OPC, representan volúmenes más significativos que el gasto asociado a Discapacidad y Universidades.
Discapacidad: Proyecciones de hasta 0,42% del PBI
La ley de emergencia en Discapacidad impulsa cambios en:
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condiciones de acceso a pensiones
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mecanismo de actualización
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aranceles a prestadores
La OPC simuló escenarios considerando la proyección de inflación 2026 (10,1%) y nuevas altas.
Según el informe:
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el número de beneficiarios podría aumentar entre 493.000 y 946.000 personas
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el refuerzo fiscal proyectado sería de $1.889.371 millones a $3.627.495 millones
Eso representa entre 0,22% y 0,42% del PBI, incluyendo:
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$278.323 millones para compensación a prestadores
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$7.160 millones para talleres de producción
Universidades: proyección del 0,23% del PBI
Simulación del impacto presupuestario
El informe de la OPC evaluó el impacto fiscal del financiamiento universitario tomando como referencia 2025, extrapolable a 2026 en términos reales.
La estimación oficial indica:
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$1.959.974 millones, equivalentes a 0,23% del PBI
La cifra no contempla variaciones futuras en becas estudiantiles, pero sí incorpora:
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recomposición de gastos de funcionamiento
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actualizaciones por Índice de Precios al Consumidor
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mejoras salariales para docentes y no docentes
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actualización automática de becas
