El Congreso comenzó este lunes el período de sesiones extraordinarias convocado por el presidente Javier Milei, con una agenda acotada y marcada por fuertes discusiones políticas. El temario, que se extenderá hasta el 27 de febrero, tiene como eje central la reforma laboral, aunque también incluye otros proyectos sensibles que obligan al Gobierno a negociar con gobernadores y bloques aliados.
La convocatoria quedó oficializada mediante un decreto publicado en enero y limita el debate parlamentario únicamente a las iniciativas incluidas por el Ejecutivo. En ese marco, la Casa Rosada busca acelerar el tratamiento de sus reformas clave antes del inicio de las sesiones ordinarias del 1 de marzo, en un escenario donde los votos aún no están asegurados, especialmente en el Senado.
Además de la reforma laboral, el temario contempla cambios en la Ley de Glaciares, la Ley Penal Juvenil y designaciones diplomáticas, junto con la posibilidad de avanzar en una ley de emergencia por los incendios forestales en la Patagonia, un reclamo que viene ganando respaldo entre los gobernadores del sur y sectores aliados al oficialismo.
El proyecto laboral es el que concentra mayores tensiones. El punto más conflictivo es el impacto fiscal que tendría la rebaja del Impuesto a las Ganancias para empresas, una modificación que afectaría directamente los fondos que reciben las provincias por coparticipación. Gobernadores dialoguistas advirtieron que acompañarían la iniciativa solo si el Gobierno garantiza algún tipo de compensación por la pérdida de recursos.
Mientras el Ejecutivo sostiene reuniones políticas y contactos permanentes con mandatarios provinciales, dentro de la Casa Rosada conviven posturas distintas: una que insiste en avanzar sin cambios y otra que admite ajustes para destrabar apoyos. El objetivo oficial es lograr la media sanción en febrero, aunque reconocen que el resultado dependerá de cómo evolucionen las negociaciones.
En paralelo, el Gobierno también impulsa el debate de la Ley Penal Juvenil, con la intención de bajar la edad de imputabilidad. La propuesta inicial fija el límite en 13 años, aunque el propio oficialismo admite que podría elevarse a 14 si no se alcanzan los consensos necesarios. El tema genera divisiones incluso entre aliados, que advierten sobre la falta de infraestructura y recursos para implementar el nuevo esquema.
