El debate por la reforma laboral comenzó a tensarse antes de su llegada al recinto del Senado, y ya no solo enfrenta cuestionamientos de gobernadores y sindicatos. Ahora, las pequeñas y medianas empresas levantaron la voz y llevaron sus reclamos de manera formal al Congreso y al Gobierno nacional.
Las principales cámaras que representan al sector pyme —la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios y la Asociación de Industriales Metalúrgicos— manifestaron su preocupación por cinco artículos del proyecto que, según advierten, podrían generar incertidumbre jurídica y complicaciones operativas para empleadores y trabajadores.
En ese marco, los representantes empresariales mantuvieron una reunión con los equipos técnicos del Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, para exponer sus observaciones y buscar puntos de acuerdo. Tras el encuentro, desde las entidades aseguraron que existe voluntad de diálogo y que trabajan en propuestas para compatibilizar la iniciativa oficial con la realidad de las pymes.
Si bien las cámaras aclararon que respaldan en términos generales la reforma laboral, pidieron eliminar los artículos 126 al 132, al considerar que se apartan del objetivo de modernizar el sistema y podrían provocar mayor inseguridad legal en el mercado de trabajo.
Uno de los puntos que genera mayor resistencia es el que elimina la ultraactividad de los convenios colectivos, lo que obligaría a renegociarlos cada vez que vencen. Desde el sector industrial sostienen que esto puede provocar vacíos normativos, especialmente en las empresas más chicas, que no cuentan con estructuras legales para afrontar negociaciones permanentes.
También cuestionan la eliminación de los aportes obligatorios a las cámaras empresarias, mientras se mantienen los de los sindicatos. Para las pymes, esta medida es desigual y debilita la representación patronal en las discusiones colectivas.
Otro foco de conflicto es la prioridad que el proyecto le da a los convenios por empresa por sobre los sectoriales, algo que, según advierten, podría fragmentar las condiciones laborales, generar diferencias salariales injustificadas y afectar el principio de igualdad entre trabajadores de una misma actividad.
Finalmente, las entidades empresarias expresaron preocupación por el artículo que habilita al Estado a suspender convenios colectivos por razones amplias, como situaciones económicas graves o de interés general. Consideran que esta facultad introduce un nivel de imprevisibilidad que dificulta la planificación tanto de las empresas como de los empleados.
