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Jueves 25 de Diciembre, Neuquén, Argentina
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El Senado redefine qué es delito tributario: sube el piso de evasión y cambia el sistema de sanciones

La iniciativa que tratará el Senado eleva de forma drástica los umbrales de evasión, habilitando operaciones por debajo de $100 millones sin consecuencias penales y modificando el sistema de multas automáticas.

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El proyecto será debatido junto al Presupuesto 2026 y propone la modificación más profunda del Régimen Penal Tributario en las últimas décadas.

El Senado debatirá este viernes una de las reformas fiscales más relevantes del año: el proyecto de Inocencia Fiscal, impulsado por el Gobierno nacional, que modifica el Régimen Penal Tributario y redefine cuándo una maniobra pasa a ser considerada delito penal.

La propuesta eleva el umbral de evasión simple de $1,5 millones a $100 millones. Al tipo de cambio vendedor del Banco Nación, la cifra equivale a unos 68.000 dólares. En términos prácticos, si la ley se aprueba, las operaciones por debajo de ese monto quedarán fuera del alcance de las causas penales tributarias.

Desde el oficialismo explicaron que el objetivo central de la iniciativa es incentivar la remonetización en dólares, facilitar la regularización de fondos no declarados y promover un esquema de competencia de monedas dentro del sistema financiero.

El proyecto también modifica el régimen de evasión agravada: el piso pasaría de $15 millones a $1.000 millones. No obstante, las figuras más graves como insolvencia fiscal fraudulenta, maniobras dolosas u ocultamiento de documentación, continuarán siendo punibles independientemente de los montos involucrados.

Otro de los cambios relevantes es la incorporación de un mecanismo de extinción de la acción penal: si el contribuyente cancela el capital adeudado más los intereses antes de la denuncia formal, la causa penal queda automáticamente sin efecto.

El punto más controvertido dentro del Congreso es el nuevo esquema de multas automáticas por presentaciones fuera de término. Para personas humanas, la sanción pasaría de $200 a $220.000, y para empresas de $400 a $440.000. Ante las críticas, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) enviará previamente un aviso con un plazo de entre 10 y 15 días hábiles antes de aplicar cualquier sanción. Además, el organismo evaluará la cantidad de días de atraso para graduar el castigo.

El tratamiento de la iniciativa se da en una sesión clave que también incluye el Presupuesto 2026 y podría marcar un punto de inflexión en la política tributaria del país.

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