Seguirá preso por un salvaje asesinato y amenazar a testigos

Un tribunal de Revisión confirmó este jueves la prisión preventiva para uno de los tres imputados en el asesinato de Osvaldo Ramón Ramírez, a quien mataron a golpes, puñaladas y lo quemaron vivo dentro de su vivienda en la localidad de Plottier, en septiembre de 2019.

Nicolás Rayguan, de 38 años, demostró con creces no ser dócil a las medidas dispuestas por la Justicia. Después de quedar en libertad en octubre del año pasado, se arrancó la tobillera electrónica y fue a la casa de su hermana –testigo del asesinato de Ramírez- para amenazarla de muerte.

Por estos dos últimos episodios, la fiscal Carolina Mauri pidió que se confirme su prisión preventiva.

Rayguán está acusado de homicidio calificado por ensañamiento (como autor) y desobediencia y amenazas. Tiene antecedentes por otro homicidio, el de Hernán Herrera en 2013, por el que llegó a un acuerdo y le impusieron 3 años de prisión.

El asesinato de Ramírez ocurrió a las cuatro de la madrugada del 16 de septiembre de 2020 en la vivienda de la víctima, en Los Notros al 400 de Plottier.

Señaló la fiscalía que hasta allí llegaron Rayguán, Javier Cortez y Luis Fuentes quienes al cabo de un tiempo de permanecer en el lugar agredieron a golpes y puñaladas a Ramírez, quien quedó tendido agonizando sobre un charco de sangre, Pero antes de irse, decidieron prender fuego la casa.

 “Hubo una violencia desmedida, claramente para generar el sufrimiento de la víctima, a lo que se sumó un incendio en la casa cuando la víctima estaba aún con vida”, sostuvo la fiscal del caso Sandra Ruixo cuando formuló la acusación. Precisó que la causa de la muerte fue traumatismo de encéfalo craneano grave, agravado por la falta de oxígeno, según la autopsia.

Al día siguiente, Rayguán fue detenido. En la audiencia de formulación de cargos se le aplicaron 8 meses de prisión preventiva fundada en el riesgo de fuga y entorpecimiento. Luego, esa decisión fue revisada por un tribunal, quien por unanimidad la confirmó. Pero, en octubre de 2020, un tribunal de Impugnación la dejó sin efecto y dispuso su libertad.

Más cerca en el tiempo, el 22 de mayo de 2021 a las tres de la tarde, Rayguán se quitó y descartó la tobillera que le habían puesto por orden de una jueza de familia en el marco de un proceso en su contra por violencia de género.

Luego, el 6 de junio de 2021 a las seis de la mañana fue al domicilio de su hermana junto a un amigo y amenazó a la mujer y a sus hijos. Allí pateó y forzó el portón de ingreso. Al no poder entrar, se retiró del lugar y fue posteriormente detenido.

El pasado lunes el juez de garantías Gustavo Ravizolli, y por pedido de la fiscalía, dispuso que el imputado quede detenido con prisión preventiva, teniendo en cuenta el peligro de entorpecimiento, de fuga e integridad para la víctima y su familia. “La decisión no es arbitraria, es ajustada a derecho y se encuentra debidamente fundada”, sostuvo Sola. Y explicó que el magistrado entendió que la única medida para neutralizar los riesgos era la prisión preventiva. “Hoy contamos con nuevas pruebas que incriminan al imputado”, indicó Sola.

En su exposición agregó que el imputado tiene una condena de tres años de prisión por un homicidio en agresión. En ese sentido, la funcionaria explicó que cualquier condena que recaiga sobre él debe ser de cumplimiento efectivo. Y que además de los antecedentes, se tiene en cuenta la expectativa de la pena. “Se encuentran acreditados ambos riegos procesales, la medida es la única que puede neutralizar esos riesgos”.

En relación a los otros dos hechos, la fiscal del caso de la Fiscalía de Género y Violencia Doméstica aseguró que la decisión fue ajustada a derecho y que las nuevas evidencias dan fundamento a esa resolución. Esos riesgos son de entorpecimiento a la investigación y riesgo hacia la víctima. Además explicó que la expareja del imputado vive con una consigna policial y que existe un riesgo permanente.

“Entiendo que la resolución es ajustada a los hechos, a la gravedad, dictada en forma proporcional por el plazo de dos meses, teniendo en cuenta las circunstancias del hecho", expresó Mauri y al igual que lo hizo la asistente Lucrecia Sola, solicitó que se confirme la decisión del juez. "Existen elementos suficientes para sostener el riesgo para la integridad de las víctimas y sus familias. El delito de amenazas en contra de su hermana, se produce en un contexto en el que ella es testigo del hecho, en un caso de gravedad, próximo al juicio y que podría entorpecer".

Por último respecto a su expareja, la fiscal explicó que el dispositivo se había impuesto como la única medida de protección posible y como alternativa a una consigna policial. “Desde que el imputado se sacó la tobillera, se dispuso un móvil policial permanente en casa de la expareja del imputado”, expresó Mauri.

Luego de un cuarto intermedio, el tribunal revisor a cargo de la audiencia resolvió por unanimidad confirmar la prisión preventiva que fue impuesta al imputado por el plazo de dos meses.  Entre sus argumentos, indicó que la decisión se encuentra fundada y ajustada a derecho y que los  riesgos procesales se encuentran acreditados. “El imputado tuvo conductas en las cuales no se sometió al proceso”.