Un hombre de 36 años acordó ir cuatro años a la cárcel tras admitir que tenía y compartía material de abuso sexual infantil. La denuncia llegó desde Estados Unidos, y el rastreo digital terminó con un allanamiento en Cervantes, que dejó al descubierto imágenes escalofriantes.
Todo empezó con una alerta internacional. Desde el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) detectaron que alguien en Argentina estaba distribuyendo fotos y videos de abuso infantil. No era la primera vez que pasaba, pero esta vez el rastro digital apuntaba directo a Cervantes.
La señal llegó al Ministerio Público Fiscal de Buenos Aires, que tiene convenio con NCMEC. Desde allí, la información se derivó al Ministerio Público de Río Negro. Y ahí empezó el seguimiento. El hombre usaba redes sociales para compartir el contenido, y lo hacía con cuidado. Pero no lo suficiente.
Durante meses, los investigadores de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Informáticos y el Cuerpo de Investigación Judicial de General Roca fueron juntando pruebas. Cuando tuvieron lo necesario, pidieron el allanamiento. Entraron a la casa del sospechoso y encontraron lo que temían: material informático cargado de imágenes de abuso infantil. Algunas de las víctimas eran menores de 13 años.
Pero eso no fue todo. Los peritos de Criminalística y los técnicos de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel) hicieron extracciones forenses. Revisaron cada archivo, cada carpeta, cada rincón del disco rígido. El resultado fue contundente: el hombre no solo tenía el material, lo había distribuido.
En la audiencia, el acusado no negó nada. Frente al Tribunal Colegiado, se sometió a un juicio abreviado y reconoció los cinco hechos que se le imputaban. Todos ocurrieron entre 2023 y 2024, todos en Cervantes. No tenía antecedentes penales, pero eso no le sirvió de mucho. Acordó la pena de cuatro años de prisión efectiva y se hizo cargo de las costas del proceso.
La fiscal adjunta fue clara: “El hombre tuvo en su poder fotos e imágenes relacionadas con la temática de abuso infantil, que distribuyó por medios electrónicos en redes sociales”.
La calificación legal fue dura: distribución de material de abuso sexual infantil en concurso real con tenencia de ese mismo material, agravado por la edad de las víctimas.
