La Justicia de Neuquén condenó a cinco integrantes de una banda que operaba en San Patricio del Chañar comercializando drogas en distintos domicilios de la ciudad. Dos de ellos, considerados líderes de la organización, recibirán seis años de prisión de cumplimiento efectivo, mientras que los otros tres, con participación menor, fueron condenados a tres años en suspenso.
El caso fue investigado por la fiscal Silvia Moreira, acompañada por el asistente letrado Pablo Jávega, quienes detallaron durante la audiencia los roles específicos y la metodología de la banda.
Una red organizada y jerarquizada
Según la fiscalía, Daniel Figueroa y Claudia Silvana Risso lideraban la organización: eran los dueños de la casa principal y coordinaban la compra, acopio y distribución de estupefacientes. Además, controlaban los distintos puntos de venta y obtenían los mayores beneficios económicos de la actividad ilícita.
A su lado, A.R y J.A tenían la función de adquirir la droga y asegurar los domicilios, cumpliendo tareas de vigilancia y mantenimiento de armas. También se encargaban de la reposición de estupefacientes en los distintos puntos de venta y del cobro de los pagos realizados por los clientes.
En tanto, Mariana Risso y Kevin Sosa concentraban su actividad en el acopio, venta y cobro en uno de los domicilios. Por su parte, Marlen Díaz y C.E.R tenían un alcance más limitado, vendiendo y recibiendo pagos en otros puntos. G.A.V realizaba ventas y cobranzas bajo la supervisión de K.R, quien a su vez rendía cuentas a los líderes de la organización.
Métodos y funcionamiento de la banda
La banda operaba principalmente en horarios nocturnos, para evitar ser detectados por la Policía. Contaban con una red de protección, manteniéndose fuera de los domicilios de venta para vigilar la llegada de clientes o posibles controles policiales. Además, utilizaban vehículos para trasladar la droga entre los diferentes puntos de venta, y aseguraban así la circulación fluida de estupefacientes en la ciudad.
La fiscalía detalló que la organización manejaba 1348 gramos de marihuana y más de 700 gramos de cocaína, lo que representaba un riesgo concreto para la sociedad, especialmente por la cercanía de las drogas a menores de edad.
Contaban con una red de protección, manteniéndose fuera de los domicilios de venta para vigilar la llegada de clientes o posibles controles policiales. Además, utilizaban vehículos para trasladar la droga entre los diferentes puntos de venta, y aseguraban así la circulación fluida de estupefacientes en la ciudad.
La resolución judicial
Tras un acuerdo entre la fiscalía y las defensas, se establecieron las penas teniendo en cuenta los distintos roles y niveles de participación:
Daniel Figueroa y Claudia Silvana Risso: 6 años de prisión efectiva y multa de 200 unidades fijas.
Mariana Risso, Kevin Sosa y Marlen Díaz: 3 años de prisión en suspenso, multa de 100 unidades fijas, con la obligación de acreditar trabajo o estudios y someterse a controles de la Dirección de Población Judicializada.
Asimismo, se dispuso el decomiso de un Renault Stepway utilizado para surtir los puntos de venta, los teléfonos celulares secuestrados en los domicilios y el dinero incautado, que asciende a 11.157.000 millones de pesos a favor del Estado provincial.
“Encontramos drogas al alcance de los niños y un riesgo concreto para la sociedad”, enfatizó la fiscal, poniendo de relieve la gravedad del accionar de la organización.
La investigación continúa abierta para los otros cinco acusados, algunos de los cuales ya habían sido imputados en audiencias anteriores y cuya situación procesal se definirá en próximas instancias judiciales.
El caso deja al descubierto la magnitud de la comercialización de drogas y cómo estas organizaciones implementan una estructura jerárquica y meticulosa para mantenerse operativas. La fiscal Moreira subrayó que la distribución era diaria y organizada, con roles claramente definidos y estrategias para proteger la actividad ilícita de la acción de la Justicia, lo que demuestra la sofisticación de la banda.
“Encontramos drogas al alcance de los niños y un riesgo concreto para la sociedad”, enfatizó la fiscal, poniendo de relieve la gravedad del accionar de la organización.
