El historial es tan extenso como alarmante. En apenas un mes, un hombre de 32 años acumuló cinco hechos de violencia de género contra su expareja. Cada uno más grave que el anterior, más impune. Hasta que este martes, en una audiencia cargada de tensión, el Ministerio Público Fiscal oficializó la acusación y pidió su prisión preventiva.
Los cargos son múltiples y contundentes: privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia, amenazas con arma blanca, desobediencia judicial, daño y coacción. Un combo que pinta de cuerpo entero a un agresor que no solo ignoró las órdenes de la Justicia, sino que redobló la violencia cada vez que se le exigía frenar.
Todo comenzó el 13 de octubre, en su propia casa, el imputado destruyó el celular de su pareja arrojándolo al piso mientras la amenazaba para que retomaran la relación. No fue un arrebato aislado, fue el primer acto de una cadena de agresiones.
El 11 de noviembre, por la mañana, volvió a amenazarla de muerte, quería volver con ella. Por la tarde, repitió las amenazas, esta vez en la casa de la víctima. Ya sumaban tres hechos, pero no se detuvo.
El cuarto episodio ocurrió el 17 de noviembre, en plena Fiesta Provincial del Petróleo. Allí la empujó, la insultó y la amedrentó frente a testigos. Con ese accionar, violó por tercera vez la prohibición de acercamiento dictada por la jueza de Paz y ratificada por la jueza de Familia.
Pero lo peor estaba por venir. Ese mismo día, horas después de la agresión pública, el imputado fue hasta la casa de la joven. La obligó a caminar con él hasta su monoambiente. Una vez allí, la encerró con llave, la privó de su libertad y la amenazó con un arma blanca. La escena fue tan violenta como desesperante. La víctima sufrió lesiones leves, pero el daño psicológico es incalculable.
Durante la audiencia, la fiscal fue categórica: “Esto ocurrió en un contexto de violencia de género sostenido, con una relación de subordinación, violencia física, psicológica y simbólica”. Solicitó la prisión preventiva por el riesgo de entorpecimiento de la investigación y por el claro desprecio del imputado hacia las medidas judiciales.
El defensor público no discutió los hechos ni la calificación legal. Solo pidió una morigeración de la medida cautelar. Pero la jueza de Garantías fue tajante, dio por formulados los cargos, habilitó la investigación penal por cuatro meses y ordenó que el acusado quede detenido mientras dure el proceso.
El caso no solo revela la brutalidad de un individuo. También deja al descubierto la fragilidad de las medidas de protección cuando no hay control ni reacción a tiempo. Ahora, con la prisión preventiva dictada, la Justicia tiene la oportunidad de actuar con la firmeza que este caso exige.
