La fiscalía cargó con todo y acusó a Kevín NIcolás Chavez por prender fuego una casa usurpada en Cipolletti y provocar el doble crimen de Aníbal Cuerda y Pablo Davies. Según la acusación, actuó con alevosía, usó un acelerante y buscó borrar cualquier rastro, una combinación quetiene destino de prisión perpetua en el futuro juicio en su contra. El joven que se entregó ayer en Cinco Saltos, después de más de una semana prófugo, quedó detenido con preventiva por riesgo de fuga.
La entrega fue en la Comisaría 7° de Cinco Saltos, exhausto y rodeado de rumores. La familia del otro acusado, Alejandro Vega, ofrecía recompensa en las redes sociales por su paradero. Chavez no dijo una palabra. Solo escuchó cómo la fiscalía repasó, paso a paso, la secuencia que terminó con dos personas muertas y otras dos escapando “de milagro”.
Luego, la querella detalló que el incendio jamás pudo ser accidental. La casa estaba sin luz y sin gas; para que ardiera así, explicaron, el asesino usó un acelerante. Y las grabaciones de una cámara de seguridad ubican a Chavez en el lugar: un Peugeot 208 llegó, el joven bajó, entró, y seis minutos después se fue. Instantes después, una nube negra invade la cuadra mientras dos personas salieron corriendo entre el humo, desorientadas y desesperadas. Adentro quedaron Cuerda y Davies, a este último lo rescataron los bomberos, pero murió en el hospital.
Además, la causa sumó un capítulo inesperado: la guerra interna entre los propios acusados. El primer imputado, Vega, esta señalado como quien aportó el vehículo y parte del apoyo logístico, ahora quiere despegarse de todo. Su abogado insiste en su inocencia, y hasta intentó hablar con Chavez para coordinar un relato común. Pero la respuesta fue un portazo: el joven cambió de defensa, contrató nuevas abogadas y denunció que quisieron manipularlo.
Más adelante, la fiscalía reveló el origen del conflicto: un día antes del incendio hubo una violenta discusión en la casa, un sitio donde solían dormir personas en situación de calle y con consumos problemáticos. Testigos escucharon al acusado lanzar una amenaza brutal: "Los voy a prender fuego". Y, según la investigación, cumplió su advertencia al pie de la letra.
Finalmente, la jueza avaló los cargos y ordenó la prisión preventiva. Tuvo en cuenta la gravedad del caso, la falta de arraigo y el peligro de que los acusados intenten presionar a testigos. Ahora se abre un período de cuatro meses para que la fiscalía junte las pruebas necesarias.
