Siete años. Ese fue el tiempo que tardó la Justicia Federal en resolver una causa por un solo cigarrillo de marihuana. Un porro que costó $1,5 millones. No al consumidor, sino a un efectivo de la Policía Federal que, allá por 2018, ordenó destruir la prueba durante un procedimiento en Bariloche. Aunque el costo del proceso judicial durante tantos años tiene un valor mucho más alto.
El protagonista se llama Ricardo Ramírez, y su historia podría haberse cerrado en una tarde de oficina, pero se estiró 7 años. Lo acusaron de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, porque le ordenó a un subalterno tirar a la basura -literalmente- el porro secuestrado en un operativo judicial.
La Fiscalía lo interpretó como “destrucción de prueba”, un delito previsto en el artículo 255 del Código Penal.
Desde aquel octubre de 2018, el expediente dio más vueltas que un ventilador en enero. Pasaron fiscales, defensores y jueces. Todo para discutir el destino de un cigarrillo de marihuana que, según la causa, “debía ser preservado como evidencia”.
En el medio, el tiempo hizo su trabajo: la causa perdió sentido, la prueba desapareció (porque ya estaba destruida) y el país cambió de leyes, de política criminal y de precios. Lo único que no cambió fue el ritmo del expediente.
Hasta que el mes pasado apareció una solución “moderna”: la reparación integral del daño. Una salida económica que evita el juicio si el acusado paga una suma que “compense” el perjuicio.
Un porro de un millón y medio
El acuerdo fue sellado por la fiscal jefa María Claudia Frezzini, el defensor Jorge Rodríguez y el juez Alejandro Silva, del Tribunal Oral Federal de Roca. El arreglo incluyó un desembolso de $1,5 millones destinados a tres instituciones de bien público de Bariloche: la Fundación Ninquihue, la Asociación Civil Aimé Painé y el área de salud mental del hospital López Lima.
Cada una recibirá $500 mil, y cuando el dinero esté en las cuentas, el policía será sobreseído. Así de simple. El juez explicó que, habiendo acuerdo entre las partes, “no existe controversia en cuanto a su aplicación”. Dicho en criollo: si paga, se borra todo.
Un porro ínfimo, una causa enorme
La paradoja es brutal: el caso nació por un porro diminuto, que en el mejor de los casos podía contener menos de medio gramo de marihuana y terminó con una causa gigante, con años de trabajo judicial, expedientes, audiencias y horas-hombre del Estado. Y al final, todo se resolvió con un pago que -comparado con el costo del proceso- es ínfimo, casi tan pequeño como la cantidad de sustancia que contenía ese cigarrillo.
Así, la Justicia Federal de Bariloche cerró otro expediente con aroma a absurdo: un porro carísimo para un policía que creyó que podía “barrer” una prueba sin consecuencias, y para un sistema judicial que tardó siete años en descubrir que, al final del camino, no había más que humo.
Ah, el millón y medio de pesos será destinado a tres instituciones por partes iguales: Hospital de Roca, Fundación Ninquihue y Asociación Civil Aimé Painé.
