Una mujer fue acusada de intentar ingresar cocaína oculta dentro de un pedazo de carne destinado a un interno condenado por homicidio. El paquete contenía al menos 35 dosis. La Justicia le prohibió el ingreso al penal y abrió una investigación de cuatro meses.
El reloj marcaba las 18:25 del 20 de octubre cuando, en la rutina casi mecánica de la Unidad de Detención 11, un detalle rompió la monotonía. Entre bolsas, alimentos y visitas que iban y venían, una funcionaria de requisa detuvo la mirada en un corte de carne vacuna que una mujer llevaba para un interno. Nada parecía fuera de lo común hasta que, al abrir el paquete, la sorpresa se transformó en alarma: dentro del trozo de carne había un envoltorio de nylon cuidadosamente escondido.
Lo que siguió fue un procedimiento preciso: exhibición del material, testeo y confirmación. Se trataba de 11,62 gramos de clorhidrato de cocaína, cantidad suficiente para preparar al menos 35 dosis individuales, según la fiscal del caso, Eugenia Titanti.
La mujer, identificada como A.N.O., había ingresado al penal como visita regular. Pero la maniobra —tan rudimentaria como estratégica— la colocó rápidamente en el centro de una causa penal.
En la audiencia realizada en la Ciudad Judicial, Titanti la acusó por suministro de estupefacientes a título gratuito, agravado por haberse cometido en un establecimiento de detención, en grado de tentativa y en carácter de autora. La calificación está prevista por los artículos 5 inciso “e” y 11 inciso “e” de la Ley 23.737, además del artículo 42 del Código Penal.
El destinatario del paquete era un interno condenado por homicidio, lo que refuerza el cuadro de gravedad que planteó la fiscalía durante la formulación de cargos.
Además de avanzar con la imputación, Titanti solicitó una medida cautelar: la prohibición de ingreso de la acusada al penal durante cuatro meses, el mismo período fijado para completar la investigación.
El juez de garantías Raúl Aufranc hizo lugar al pedido. Con eso, el expediente quedó formalmente abierto y la mujer notificada de lo que enfrenta. Durante la audiencia, el magistrado dio por formulados los cargos y estableció el plazo de cuatro meses para que la fiscalía avance con todas las medidas probatorias.
La sombra del tráfico interno
Aunque los intentos por ingresar drogas en las unidades de detención no son nuevos, cada caso vuelve a poner en foco las estrategias —algunas ingeniosas, otras desesperadas— para burlar los controles. La utilización de alimentos como vehículo para ocultar estupefacientes es una de las maniobras más detectadas en los últimos años, algo que personal penitenciario conoce bien.
En esta ocasión, la rapidez del control evitó que la droga llegara al pabellón. Y abrió, una vez más, el interrogante sobre cómo estos intentos se sostienen y quiénes los impulsan desde adentro.
