Se dictaron las primeras condenas por microtráfico de drogas en Neuquén desde la entrada en vigencia de la Ley provincial 3488, que marcó un cambio de paradigma en el combate al narcomenudeo. La normativa, impulsada por el gobernador Rolando Figueroa, permitió que la provincia asuma un enfoque local en la lucha contra el comercio minorista de estupefacientes.
Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF), tres hombres y una mujer fueron condenados este lunes a cuatro años de prisión efectiva por comercializar estupefacientes y poseer armas de fuego. Se trata de un caso ocurrido en el barrio Tran Hue de Centenario, donde el 14 de marzo pasado se hallaron drogas, armas y dinero en un procedimiento policial.
La investigación fue desarrollada por la fiscal Eugenia Titanti y el asistente letrado Bruno Miciullo, y culminó en apenas dos meses y seis días con una condena acordada entre las partes. Los imputados reconocieron su responsabilidad en los hechos, y el juez de garantías Cristian Piana homologó el acuerdo.
El operativo se originó en un allanamiento vinculado a otra causa, pero permitió descubrir una operación activa de venta de marihuana y cocaína. En el lugar se encontraron:
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703 gramos de cannabis sativa compactada
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60 gramos de picadura y cogollos prensados
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12 gramos de cannabis sin compactar
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Una planta de 1,08 metros de cannabis sativa
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Balanza de precisión
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$106.700 en efectivo en billetes de baja denominación
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Cuaderno de anotaciones con registros de ventas
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Un revólver calibre 38 y una escopeta recortada
Los condenados son Daniela Vanesa Montecino y Facundo Franco, como autores de comercio de estupefacientes y tenencia de arma de guerra en concurso real; y Jonathan Miguel Villafañe y Fernando David Huenulaf, por comercio de estupefacientes.
Durante la audiencia, la fiscal Titanti señaló que los acusados operaban desde 2023 en el domicilio de Montecino, donde fraccionaban las drogas y las vendían al consumidor final, utilizando cuadernos para registrar las operaciones.
Además de las penas de prisión, se fijó una multa económica de más de 4 millones de pesos, según lo establece la Ley 23.737.