El caso del médico Pablo Ghisoni, ginecólogo de Lomas de Zamora, volvió a cobrar notoriedad pública luego de que uno de sus hijos, Tomás Ghisoni, publicara un video en redes sociales donde asegura haber mentido en una denuncia por abuso sexual que él mismo impulsó cuando era menor de edad. Según su testimonio, lo hizo bajo la influencia de su madre, en el marco de un conflicto familiar.
La causa, que se originó en 2016, incluyó denuncias de dos de los tres hijos del matrimonio Ghisoni-Vázquez y derivó en la prisión preventiva del profesional en 2020. El médico pasó más de dos años en una institución psiquiátrica y luego seis meses con arresto domiciliario, sin que se presentaran nuevas pruebas. En 2023, el Tribunal Oral N.º 3 de Lomas de Zamora lo absolvió por falta de evidencia.
Tras la publicación del video, la fiscalía abrió una nueva investigación contra la madre, Andrea Vázquez, por los delitos de instigación al falso testimonio, falso testimonio calificado y asociación ilícita. De acuerdo con la acusación, podría haberse articulado una red de profesionales vinculados —abogados, psicólogos y peritos— que habrían intervenido en la causa de manera cuestionable, en el marco de una disputa por la tenencia y el vínculo familiar.
Diversos estudios, entre ellos los del Observatorio de Falsas Denuncias, advierten que una parte significativa de los casos en contextos de separaciones judicializadas no llega a juicio por falta de pruebas. Según esos datos, el 64% de las denuncias no se judicializan y más del 60% de los casos resultan en sobreseimientos o absoluciones, sin que necesariamente se restituya el contacto familiar previo.
Este tipo de casos también reabre el debate sobre el rol del sistema judicial y la necesidad de garantizar el debido proceso legal, sin afectar los derechos de ninguna de las partes involucradas. Algunos sectores académicos y jurídicos remarcan la importancia de aplicar estándares de prueba suficientes, sobre todo en situaciones sensibles como las de abuso intrafamiliar. La Corte Suprema es señalada por organismos que piden revisar protocolos y criterios de evaluación pericial.
En paralelo, se inició una investigación por parte del Ministerio Público Fiscal sobre la posible existencia de una red destinada a fabricar denuncias infundadas en disputas familiares, mediante recursos como informes psicológicos, dibujos realizados por menores y pericias sin respaldo técnico. El objetivo sería determinar si estas prácticas son casos aislados o responden a una estructura más amplia.
Mientras tanto, Pablo Ghisoni, tras haber sido liberado, intenta reconstruir su vida personal y profesional. Su hijo Tomás, quien reconoció públicamente haber testificado falsamente, mantiene contacto con su padre, aunque ambos reconocen que se trata de un proceso complejo. El caso continúa en análisis en distintas instancias judiciales.
Agrupaciones vinculadas a la protección de la niñez y organizaciones de familiares, como la agrupación de Padres de Río Negro y Neuquén, emitieron comunicados expresando preocupación por este tipo de procesos judiciales y su impacto. También solicitaron que se revisen causas anteriores, en especial aquellas donde hubo separación prolongada entre padres e hijos sin sentencias firmes. Se debate si es necesario reforzar los mecanismos de control y revisión para evitar daños irreparables.