Las declaraciones de dos exempleadas del Ministerio de Desarrollo Social en el juicio por la estafa con planes sociales reveló que se enteraron un día antes de que iban a ser allanados sus domicilios. Al mismo tiempo, afirmaron que sus jefes les pidieron que entregaran sus celulares para ocultar pruebas.
El juicio por el escándalo por la estafa con planes sociales, que se desarrolla en la Ciudad Judicial, sumó este miércoles un nuevo capítulo explosivo con las declaraciones de las exempleadas que trabajaban en el área de Planes Sociales del ministerio. Sus testimonios confirmaron que el desvío de fondos se realizaba desde dentro del propio Estado, con cheques, tarjetas y amenazas.
La investigación judicial por la millonaria estafa con planes sociales (en su momento 153 millones de pesos, cuyo monto total actualizado, según la fiscalía, supera los 1000 millones de pesos), comenzó gracias a un reporte confidencial del área de Prevención de Fraudes del Banco Provincia del Neuquén (BPN).
Las exempleadas declararon como testigos en el proceso judicial por el que están imputadas 14 personas -exfuncionarios del ministerio, empleados públicos, punteros políticos, entre otros- por asociación ilícita, fraude a la administración pública y defraudación especial por la utilización de tarjeta de débito. Se sospecha que el dinero fue desviado para uso partidario del MPN y beneficio personal de los acusados.
En agosto de 2022, se realizaron allanamientos a domicilios de las empleadas involucradas. Pero según los testimonios, los acusados ya sabían que los procedimientos se iban a realizar. Una de las testigos contó que el abogado Alfredo Cury, quien defendía a varios imputados y era también parte de la maniobra, les advirtió con anticipación y les pidió los celulares. “Nos dijeron que teníamos que mantenernos unidos, como una familia, porque esto era político y no iba a pasar nada. Pero sí pasó”, declaró una de las mujeres.
En agosto de 2022, se realizaron allanamientos a domicilios de las empleadas involucradas. Pero según los testimonios, los acusados ya sabían que los procedimientos se iban a realizar. Una de las testigos contó que el abogado Alfredo Cury, quien defendía a varios imputados y era también parte de la maniobra, les advirtió con anticipación y les pidió los celulares.
Explicó que las tarjetas de débito, los sobres con cheques y el dinero en efectivo se manejaban a diario como parte del trabajo. Las extracciones en cajeros se realizaban fuera del horario laboral, muchas veces los fines de semana. “Si se te retenía una tarjeta, te retaban. Yo no decía que no, no quería tener problemas”, dijo una de ellas, quien fue dada de baja por resolución oficial luego de que apareciera en imágenes realizando extracciones con tarjetas que no eran suyas.
“Ibamos a los cajeros a sacar plata, íbamos en horario de trabajo como también fuera del horario e incluso los fines de semana. Tenía entre 18 y 20 tarjetas que me las daba Marcos Osuna o Pablo Sanz”, dijo una de las exempleadas. “Íbamos en auto, sacábamos hasta 20 mil pesos en diversos cajeros, imprimíamos los tickets y, si había mucha gente, cambiábamos de cajero”, agregó
Lo más grave es que esta maniobra había sido advertida al gobierno en agosto de 2020. Una nota enviada por la Gerencia de Prevención de Lavado de Activos del Banco Provincia de Neuquén, dirigida al entonces ministro Jefe de Gabinete, Sebastián González, y a la ministra de Desarrollo Social, Adriana Figueroa, daba cuenta de “inconsistencias” en el cobro de cheques por parte de empleados y beneficiarios. Nadie respondió ni frenó la operatoria.
La nota enviada por el BPN en 2020 describía operaciones “inusuales” en las cuentas de empleados contratados y beneficiarios, con depósitos de cheques emitidos por el ministerio y extracciones que no respetaban la normativa vigente. En ese momento, la estafa ya estaba en marcha. La cuenta 153 del Ministerio de Desarrollo Social era la que se usaba para emitir los cheques que luego eran cobrados por “referentes” del Movimiento Popular Neuquino. Algunos de los que retiraban sobres con dinero eran el exministro Walter Jonsson, el contador Julio Arteaga y Alfredo Cury, abogado e imputado.
“Ibamos a los cajeros a sacar plata, íbamos en horario de trabajo como también fuera del horario e incluso los fines de semana. Tenía entre 18 y 20 tarjetas que me las daba Marcos Osuna o Pablo Sanz”, dijo una de las exempleadas. “Íbamos en auto, sacábamos hasta 20 mil pesos en diversos cajeros, imprimíamos los tickets y, si había mucha gente, cambiábamos de cajero”, agregó
El dinero que las empleadas retiraban de los cajeros con tarjetas de debito de beneficiarios de los planes se lo entregaban a Sanz, su jefe directo desde 2020, quien lo contaba y guardaba en una caja azul. "Pablo (Sanz) llevaba la caja con el dinero a la oficina de Ricardo Soiza", describió.
Las exempleadas que declararon este miércoles, que habían participado del circuito ilegal, fueron despedidas a fines de agosto, luego de ser allanadas. Declararon como testigos protegidas: confirmaron que, durante dos años, cobraban cheques o vaciaban cuentas de beneficiarios con tarjetas que luego entregaban a punteros políticos del MPN.
Las exempleadas que declararon este miércoles, que habían participado del circuito ilegal, fueron despedidas a fines de agosto, luego de ser allanadas.
El juicio avanza con declaraciones que confirman una estructura de poder que operaba desde dentro del Estado. Las testigos mencionaron maltrato, presión, y una clara verticalidad: quienes cobraban los cheques eran empleados subordinados, mientras que los que decidían el destino del dinero eran altos funcionarios y punteros con vínculo directo al MPN.
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