Una agente de la Policía de Río Negro fue condenada a dos años de prisión en suspenso e inhabilitada por cuatro años para custodiar detenidos, luego de comprobarse que en febrero de 2023 obligó a una mujer a realizar prácticas vejatorias, la golpeó y la amenazó mientras estaba bajo arresto en la Comisaría 12° de El Bolsón. Había sido demorada en el predio de la Fiesta del Lúpulo y no portar el DNI.
Después de más de dos años de trámite, la causa se resolvió a través de un procedimiento abreviado, acordado entre la fiscalía, la defensa y la querella, con consentimiento expreso de la víctima. El juez homologó el acuerdo y declaró responsable a la imputada por el delito de vejaciones, previsto en el artículo 144 bis del Código Penal.
Según la investigación, los hechos ocurrieron la noche del jueves 23 de febrero de 2023, en pleno desarrollo de la Fiesta del Lúpulo. La mujer estaba con su familia dentro del predio cuando fue detenida por no portar su documento de identidad. La trasladaron a la comisaría y allí fue sometida a golpes, amenazas y humillaciones por parte de la agente ahora condenada. Testigos directos, otra detenida de esa misma madrugada, familiares y efectivos de la seccional aportaron testimonios que reforzaron la acusación. Además, pericias médicas y psicológicas confirmaron el daño sufrido.
La denunciante relató que, mientras estaba en la dependencia policial, recibió frases intimidantes como “Acostumbrate que ahora El Bolsón va a ser así” y “Anda acostumbrándote, esto es lo que se viene”. Incluso fue advertida por la propia policía que sufriría represalias si decidía denunciar lo ocurrido.
Las organizaciones sociales de la Comarca Andina se hicieron eco rápidamente de la situación. Denunciaron en redes sociales el accionar violento y señalaron que no era la primera vez que durante un evento popular se desplegaba un operativo policial abusivo. "Durante los cuatro días de la Fiesta del Lúpulo se dedicaron a requisar a cada persona que ingresaba", remarcaron en comunicados públicos.
La resolución judicial incluyó pautas de conducta estrictas: la agente no podrá portar armas, ni realizar tareas de prevención con contacto ciudadano, ni acercarse a la víctima. Además, deberá presentarse periódicamente en el Instituto de Asistencia a Personas en Libertad y asistir a un curso de formación en derechos humanos. La decisión quedó firme tras la renuncia de las partes a los plazos procesales.
El hecho sucedió durante la gestión de gobierno de Arabela Carreras y Betiana Minor estaba al frente de la secretaría de Seguridad.
