Trece años después de la tragedia de Las Grutas, la Justicia de Río Negro condenó a la dueña de un complejo turístico a pagar más de 118 millones de pesos a Silvia Rispalda, quien perdió a sus dos hijos menores y a su pareja en un incendio ocurrido en 2012.
El caso estremeció a toda la región el 18 de febrero de 2012. Esa madrugada, las llamas arrasaron con el departamento en el que se encontraban Sergio Aniñil, de 49 años, y sus hijos Agustín, de 17, y Federico, de 11. El más pequeño, que tenía síndrome de Down, murió junto a su padre y a su hermano. La única sobreviviente fue Silvia, la madre, que no estaba allí porque había decidido postergar sus vacaciones para poder asistir a un congreso de capacitación sobre la discapacidad de su hijo.
Con los años, la causa penal se cerró sin responsables. En 2016, la dueña del complejo, María de los Ángeles León, fue sobreseída al no poder comprobarse culpas individuales. Sin embargo, el camino de la Justicia Civil siguió abierto, y trece años después dio un giro clave: la jueza Julieta Noel Díaz determinó que existió responsabilidad objetiva por parte de la propietaria, ya que el lugar no tenía habilitación municipal, carecía de medidas mínimas de seguridad y no contaba con detectores de humo ni monóxido de carbono.
Así, aunque en lo Penal se habló de “falta de pruebas”, en lo Civil se concluyó que hubo un incumplimiento concreto del deber de seguridad hacia los huéspedes. La sentencia obliga a la dueña a pagar más de 118 millones de pesos por daño moral, pérdida de vida y daño psíquico, además de costear el tratamiento psicológico de Rispalda.
Durante el proceso también estuvo demandada la Municipalidad de San Antonio Oeste, pero la acción contra el Estado fue declarada prescripta. De ese modo, la única responsable quedó señalada como la titular del inmueble.
En la resolución, la jueza hizo hincapié en el dolor profundo de Rispalda, quien sostuvo el reclamo durante más de una década. “De un momento para otro su vida cambió y dejó de tener sentido. Los hijos eran el motor de su vida”, se lee en la sentencia.
Para la Justicia, el hecho no fue una tragedia inevitable, sino la consecuencia de incumplimientos graves y evitables. Hoy, trece años después, esa madre que nunca dejó de luchar siente que, al fin, la Justicia le dio la razón.
