El Superior Tribunal de Justicia (STJ) resolvió hacer lugar a un recurso de queja y ordenó revisar nuevamente la sentencia del Tribunal de Impugnación II, que había confirmado las condenas de los instructores responsables de la muerte del oficial Gabriel Mandagaray, de 25 años, en pleno curso del Cuerpo de Operaciones Especiales y de Rescate (COER), el 15 de abril de 2021 en Bahía Creek. La lectura del fallo está prevista para el miércoles 15 de octubre.
En el juicio de julio de 2023, Alejandro Gattoni, coordinador del grupo de instructores, recibió 4 años y 10 meses de prisión; Alfredo Nahuelcheo, 4 años y seis meses; y los instructores Maximiliano Vitali Méndez y Marcelo Contreras, 4 años y tres meses, aunque Contreras quedó en prisión en suspenso por haber intentado ayudar a Mandagaray. El Tribunal de Impugnación ratificó las condenas, pero el STJ consideró que no se habían detallado correctamente las responsabilidades individuales de cada instructor.
Las defensas cuestionaron el proceso. Pablo Iribarren, abogado de Gattoni, aseguró que su defendido desconocía los abusos y que no pudo defenderse frente a decisiones de último momento sobre la locación del entrenamiento y la provisión de víveres. Por su parte, Oscar Pineda sostuvo que la nueva revisión era una “copia de la sentencia del fallo de juicio” que no aporta claridad ni a la Justicia ni a las víctimas.
Luciano Perdriel y Manuel Maza, en representación de Nahuelcheo, coincidieron en señalar que su cliente estaba lejos del lugar donde murió Mandagaray y que no dio órdenes directas que pusieran en riesgo la vida de la víctima. Mientras tanto, Ariel Alice defendió a Vitali Méndez, resaltando que fue expuesto como culpable por ser “el eslabón más débil” de la cadena de mandos y que solo acataba instrucciones de sus superiores.
Del lado de la querella y la fiscalía, el discurso fue firme. El fiscal General Hernán Trejo remarcó que los defensores solo hacen interpretaciones subjetivas de las pruebas, mientras que la evidencia apunta a “abusos funcionales que llevaron a la muerte” de Mandagaray. Damián Torres, abogado de la familia y de la madre del hijo de Gabriel, cuestionó la dilación del proceso: “Hace dos años que estamos dando vueltas únicamente por decisión de este organismo, que parece empeñado en convertir el caso Mandagaray en otro ejemplo de impunidad. La familia reafirma su compromiso: no dejará de luchar”.
El STJ vuelve a estar en el centro de la escena, con el desafío de definir con precisión las responsabilidades individuales de los instructores y poner fin a una causa que, para la familia de Mandagaray, ha prolongado el dolor y la incertidumbre.
