El Observatorio de Violencia Laboral se declaró "incompetente" para intervenir en las graves denuncias contra la fiscal jefe de Bariloche, Betiana Cendón, acusada por fiscales, funcionarios y empleados judiciales de ejercer un patrón sistemático de maltrato, humillaciones y abuso de poder. La decisión generó un fuerte malestar entre los denunciantes, que aseguran haber quedado en una situación de absoluta desprotección institucional.
La causa comenzó a tomar dimensión pública cuando más de seis empleados judiciales -entre ellos fiscales titulares, adjuntos, un jefe de oficina y hasta una defensora oficial- decidieron dar un paso al frente. Todos coincidieron en que la máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal en Bariloche desplegó durante años un comportamiento violento y hostigador, que dejó secuelas psicológicas y obligó a varios de ellos a pedir licencias.
El Observatorio de Violencia Laboral, que debería haber intervenido como órgano de control, decidió correrse de la escena y se declaró incompetente. El argumento fue que no podía actuar porque tanto los denunciantes como la denunciada forman parte del Poder Judicial. Esa resolución fue tomada por los trabajadores como un “doble gesto de violencia institucional” y empujó el expediente hacia el Consejo de la Magistratura, que todavía no instruyó el sumario ni notificó a Cendón.
Mientras tanto, la abogada Carla Orticelli, representante de los denunciantes, denunció públicamente que la negativa del Observatorio es otra forma de victimización. Aseguró que la situación es insostenible y pidió que se aplique la única medida que consideran efectiva: la suspensión preventiva de la fiscal jefe para resguardar a testigos y trabajadores que todavía dependen de su órbita.
En la denuncia, de casi 60 páginas, se describen insultos directos a empleados y colegas, expresiones de tono vulgar y despectivo, humillaciones en público, pedidos laborales fuera de horario con un trato intimidatorio y hasta la intromisión arbitraria en investigaciones que no estaban bajo su cargo. También se menciona un episodio en el que la fiscal habría utilizado términos ofensivos contra el propio procurador Jorge Crespo en una reunión virtual.
El clima laboral en el Ministerio Público se volvió irrespirable. Los denunciantes aseguran que Cendón usa el temor como herramienta de gestión, que presiona a testigos y que intervino en causas sensibles como el crimen de Micaela Bravo, donde habría intentado influir en la declaración de una testigo clave. Para la querella, ese accionar excede el maltrato y se convierte en abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionaria pública.
El Colegio de Magistrados y Funcionarios de Río Negro expresó su respaldo a los trabajadores denunciantes y el procurador Crespo resolvió apartarlos de la órbita de Cendón, poniéndolos bajo la supervisión del otro fiscal jefe, Martín Lozada. Sin embargo, la decisión no logró disipar el conflicto ni frenar el temor de quienes siguen trabajando en el mismo edificio bajo la conducción de la fiscal jefa.
En paralelo, la querella busca respaldo en distintas instituciones, incluido el sindicato judicial, porque consideran que no solo está en juego la integridad de los empleados afectados, sino también el funcionamiento mismo de la Justicia en la región. La pelota ahora quedó en manos del Consejo de la Magistratura, que deberá decidir si investiga y suspende a Betiana Cendón, mientras la crisis en el Ministerio Público de Bariloche sigue escalando.
