Betiana Cendón, la fiscal jefa de Bariloche, enfrenta graves acusaciones presentada por su equipo. Además de los maltratos laborales y el clima de hostigamiento que ya se habían hecho públicos, los denunciantes aseguran que manipuló pruebas en causas penales, amenazó testigos clave, benefició a personas de su entorno personal y entorpeció la labor de la defensa. Todo esto habría ocurrido con total impunidad desde su rol de máxima autoridad del Ministerio Público en la ciudad.
Lo que empezó como una denuncia por violencia laboral ahora se conocen detalles y toma otra dimensión: la lista de hechos presentados ante el Consejo de la Magistratura incluye intervenciones irregulares en al menos seis causas penales concretas. Una de las más sensibles es la del homicidio de Micaela Bravo. Allí, una testigo que debía declarar a favor de la acusada recibió, el mismo día de su testimonio, un mensaje directo de la fiscal Cendón advirtiéndole que sería denunciada al jefe de la Policía si hablaba. Finalmente, la condena fue anulada, la acusada fue absuelta, y el crimen quedó impune.
El mismo modus operandi, presión directa, hostigamiento e intervención por fuera de lo permitido, aparece en otras causas. En la investigación “Arbúes”, por ejemplo, apartó al fiscal a cargo con una justificación que luego se comprobó que era falsa, solo para tomar el control del caso.
En otro expediente, cuestionó públicamente a un fiscal por su actuación en una causa de robo, buscando desautorizarlo frente a su equipo. El objetivo, según la denuncia, no era supervisar, sino desplazar y controlar.
Pero los límites cruzados no se restringen al ámbito interno. En el caso “Rivera e Inalef”, donde se tramitaba un robo agravado, se le atribuye a Cendón haber promovido un procedimiento abreviado omitiendo pruebas claves para cerrar rápidamente la causa. En otra investigación, relacionada con infracción a la ley de protección animal, habría entregado animales secuestrados judicialmente a una amiga personal sin trámite ni autorización formal. En total, se identifican al menos seis expedientes judiciales con irregularidades graves.
También se detalla una situación escandalosa: Cendón habría afirmado en audiencia que un imputado tenía antecedentes por amenazas para justificar su prisión preventiva. La defensa solicitó los registros para refutar ese argumento, pero la fiscal jefa envió un mensaje a su equipo prohibiéndoles responder los oficios. Finalmente, se comprobó que tales antecedentes no existían, y que la afirmación era falsa. La maniobra, según los denunciantes, fue deliberada: impedir la respuesta para evitar que se demostrara su mentira.
Por fuera del expediente, el patrón de hostigamiento se repite. Insultos como “idiotas”, “tarados”, “gorda sucia” y “conchudas” aparecen citados en la denuncia, pronunciados delante de testigos y dirigidos a empleados y funcionarias. A uno de ellos, según consta, lo habría descalificado por su orientación sexual, tratándolo como “mujer” en tono burlón. Y a la Oficina de Género la llamaba “la fiscalía rosa”, con desprecio.
El clima en la Fiscalía no es el de una institución judicial: es el de una estructura bajo amenaza permanente. Según la denuncia, Cendón reestructuraba equipos sin criterio, reprendía en público, enviaba audios a cualquier hora, incluso a empleados con licencia, y aplicaba represalias contra quienes se animaban a contradecirla. Varios trabajadores terminaron bajo tratamiento psicológico o psiquiátrico; otros directamente se fueron del organismo. La institución, según quienes la integran, está desarticulada.
También hay acusaciones sobre interferencias con la defensa pública. En causas de flagrancia, Cendón habría negado colaboración sistemáticamente, afectando el derecho de los detenidos a una defensa adecuada. Y en los concursos para cubrir cargos judiciales, intervino sin tener competencia, según el escrito, manipulando decisiones para favorecer a personas de su confianza.
La denuncia no es anónima ni menor. Está firmada por los fiscales Guillermo Lista y Tomás Soto, los adjuntos María Fernanda Orticelli y Álvaro Vitterbori, la defensora adjunta Mónica Goye y el jefe de división Germán Torres. Todos con patrocinio legal.
Solicitan la suspensión inmediata de la fiscal jefa, la preservación de registros electrónicos y documentales, y la apertura de una investigación que pueda derivar en un juicio político y la eventual destitución e inhabilitación de Cendón.
Por ahora, la fiscal sigue en funciones, aunque fue apartada de la coordinación directa del grupo denunciante. El Consejo de la Magistratura aún debe decidir si da curso a la investigación formal.
