La polémica por la frustrada presentación de Jimena Barón en la Fiesta Nacional de los Jardines suma nuevos capítulos judiciales y pone otra vez en el centro de la escena a la gestión del exintendente Fabio Stefani. En los últimos días, dos hechos clave sacudieron el expediente: una pericia caligráfica que determinó la falsedad de una firma en el contrato, y la orden de una pericia contable integral en la Municipalidad de Villa La Angostura.
El contrato en cuestión fue firmado en diciembre de 2019, y preveía la presentación de Barón el 9 de febrero de 2020 en el escenario principal de la fiesta. Sin embargo, el show nunca se realizó por una supuesta indisposición de la artista, y desde entonces se desató una batalla legal por el cumplimiento del contrato y la devolución de los fondos.
La Justicia determinó que la firma es falsa
El detonante de esta nueva etapa judicial fue un informe pericial firmado por la calígrafa pública Verónica Adriana Ferraro (matrícula 136), en el que concluye que la firma del representante de la artista, Eduardo Bonuccelli, estampada en el contrato, es falsa.
La pericia se realizó en el marco de la causa “Municipalidad de Villa La Angostura c/ Bonuccelli, Eduardo y otro s/cumplimiento de contrato” (Expte. N° 009630/2021). Según el dictamen, la firma cuestionada no guarda correspondencia con las muestras genuinas obtenidas en audiencia judicial en mayo de 2023.
“El análisis morfológico y estructural reveló diferencias en inclinación, ritmo, proporciones y trazos”, señala el informe que publicó el sitio Diario Andino, y agrega un dato revelador: “La firma falsa fue realizada en cinco tiempos escriturales, mientras que las genuinas se ejecutan en un solo tiempo”.
Una nueva pericia, esta vez en la Municipalidad
A raíz de esta pericia caligráfica, el juez Ariel Ignacio Fongini, del Juzgado Civil 103 de Buenos Aires, resolvió el pasado 22 de septiembre suspender los plazos para dictar sentencia y ordenó una pericia contable exhaustiva sobre la gestión municipal en torno al contrato. El perito contador deberá auditar:
- Las órdenes de pago y transferencias vinculadas al contrato.
- Las retenciones impositivas aplicadas.
- Los movimientos financieros relacionados con la cancelación del show.
- Si se restituyó algún monto a las arcas municipales, y en qué condiciones.
Este análisis se realizará dentro de la jurisdicción de Neuquén, y podría arrojar nuevas responsabilidades sobre los exfuncionarios que firmaron y ejecutaron el contrato.
¿Quiénes firmaron?
El documento en cuestión no solo lleva la firma falsa de Bonuccelli, sino también las rúbricas del entonces intendente Fabio Stefani y del exsecretario de Gobierno (luego secretario de Economía) Daniel Brito.
Además, la orden que liberó el primer pago, emitida solo tres días después de firmado el contrato, también contiene la firma de Brito junto a la nuevamente falsa de Bonuccelli.
Los detalles del contrato
El acuerdo estipulaba una actuación de una hora por parte de Barón, el domingo 9 de febrero a las 23 horas. La municipalidad debía proveer escenario, backline, sonido, iluminación, camarín, servicio de cátering, y los traslados en una Hyundai H1 y una Sprinter de 19 asientos.
Por todo esto, el representante recibiría $2.215.631, monto que incluía IVA, pasajes aéreos, alojamiento y comidas para 27 personas. El pago se haría en dos tramos: $1.398.881 al momento de la firma (17 de diciembre de 2019) y $816.750 el 4 de febrero de 2020. Ambos pagos se realizarían en una caja de ahorro del banco Galicia a nombre del representante.
El contrato también estipulaba que, en caso de suspensión por enfermedad, se devolvería el dinero abonado. Este punto es clave, ya que el show fue suspendido por una indisposición de la artista. Sin embargo, con la falsedad de la firma de Bonuccelli ahora probada, la validez del contrato y las condiciones para exigir reintegros están siendo fuertemente cuestionadas.
¿Cómo sigue?
El avance de la causa podría tener consecuencias judiciales y políticas de peso. Si se demuestra que hubo pagos autorizados en base a documentación falsificada, podrían abrirse investigaciones penales por falsificación de documento público y posible malversación de fondos.
A la espera de la pericia contable, el caso se transforma en un símbolo de la falta de controles y transparencia en contrataciones públicas, dejando a la comunidad de Villa La Angostura sin respuestas claras y con la sospecha de irregularidades que aún no han sido plenamente esclarecidas.
