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Sábado 10 de Enero, Neuquén, Argentina
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Neuquén deberá mejorar este año la seguridad pública

Hay en Neuquén una realidad de inseguridad potenciada por quienes tienen el deber de hacer lo contrario.

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Suceda lo que suceda este año, y prescindiendo incluso de las cambiantes coyunturas, el gobierno de Neuquén deberá encarar una firme política para la seguridad pública, un rubro tremendamente afectado por el abrupto crecimiento de una sociedad aluvional potenciada por Vaca Muerta, y muy difícil, ciertamente, para cualquier Ejecutivo, porque no depende solamente de este poder del Estado, sino también de los otros dos: el Legislativo, y, fundamentalmente, el Judicial.

Rolando Figueroa ya dio un paso en esa dirección en los primeros días de este año 2026, al sorprender con la designación, como secretario de Seguridad provincial, del coronel mayor retirado Pablo Conforte, hasta el año pasado comandante de la VI Brigada de Montaña del Ejército Argentino.

Nombrar un militar, con abundantes antecedentes de especialización en diversas materias tangenciales al tema seguridad ciudadana, es una novedad de peso, que necesariamente debe destacarse, sobre todo si se tiene en cuenta que podría haber más cambios en un futuro mediato en la cartera que conduce el ministro Matías Nicolini, para quien se mantiene, expectante, la posibilidad de integrar el Tribunal Superior de Justicia, si se atiende a rumores de fuentes vinculadas al Poder que circularon, generosamente, el año pasado.

Mejorar la seguridad pública en la provincia es una tarea imperiosa, y también, muy difícil. Cuesta acomodar estrategias ante evidencias muy claras del despropósito ideológico que infecta las cuestiones concretas que hacen a la seguridad. Esta semana, por ejemplo, un hombre preso por actividades sicarias (baleó, en la calle, a varias personas), que estaba increíblemente con tobillera y prisión domiciliaria, desapareció tras desprenderse del adminículo tecnológico, algo que -siempre se dice- no debería ser posible.

Si un sicario es alojado en su propio domicilio, con la sola vigilancia de una tobillera, no se puede empezar a hablar de mejorar la seguridad pública. Esto lo sabe el Ejecutivo, pero, al mismo tiempo, no le corresponde, porque esas decisiones las toman los jueces, ahora muy susceptibles ante supuestos ataques a su sagrada independencia.

Los jueces, o al menos algunos de ellos, han fundamentado la extraordinaria abundancia de prisiones domiciliarias en la falta de capacidad de alojamiento carcelario. En esto ha trabajado el Ejecutivo, y este año esa capacidad aumentará. De cualquier manera, la recurrencia a medidas de una liviandad inconcebible no es solo producto de una cuestión de infraestructura, sino de una discusión ideológica tremendamente ingenua, que pretende aplicar principios de igualdad y derechos a violadores, asesinos, sicarios, etc.

Parece que no se tuviera en cuenta otro principio que regla la filosofía de la ley en una sociedad más o menos civilizada, que es precisamente que quien delinque, se mete solo en una realidad que no es igual al resto de la sociedad. No discrimina el poder, ni el gobierno, ni los jueces, ni nadie; quien discrimina, con una conducta criminal, es el delincuente, y en ese camino le hace daño a la sociedad; y la sociedad no puede permanecer indiferente cuando ve cómo asesinos, violadores, sicarios, son cuidados más que sus propias víctimas.

Así, aquí no hay una discusión de biblioteca, de tecnicismos, de capas ideológicas que se superponen en los razonamientos: lo que hay es una realidad de inseguridad potenciada por quienes tienen el deber de hacer lo contrario. Se torna cada vez más evidente que algunos jueces, y algunos legisladores, deben hacer el esfuerzo de asomar la nariz por fuera de la bibliografía, para oler la desagradable noticia de que están ocurriendo crímenes a cada minuto, y la respuesta del sistema no está a la altura, es altamente insatisfactoria.

Menudo trabajo político tiene por delante, pues, el gobierno de Rolando Figueroa. Tendrá que lidiar, este año, no solo con una realidad preocupante, sino también con los otros poderes del Estado, acostumbrados a refugiarse en el “no es mi problema”, cuando ocurre el problema.

Deberían, todos, atender a esta noticia: la seguridad pública en Neuquén necesita mejorar; porque, de lo contrario, habrá crecimiento, pero no habrá progreso, habrá más dinero, pero se acrecentarán las desigualdades.

 

 

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