El silencio de la casa se rompió a golpes. Fue el 10 de enero, en una vivienda de la ciudad de Neuquén, cuando la violencia volvió a instalarse puertas adentro. Según reconstruyó el Ministerio Público Fiscal, un hombre atacó a su pareja a puñetazos. No fue un episodio aislado ni un arrebato momentáneo: fue el inicio de una secuencia que se extendió durante varios días y que terminó con el agresor detenido cuando intentaba huir de la provincia.
El fiscal del caso, Gastón Medina, formuló cargos contra M. E. Q. por lesiones agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso real con amenazas y desobediencia a la autoridad, por cuatro hechos ocurridos entre el 10 y el 14 de enero.
Aquella primera agresión no terminó cuando la mujer cayó bajo los golpes. Cuando el hermano de la víctima intentó intervenir, también fue atacado. El imputado lo empujó, lo golpeó y lo arrojó al suelo, dejando en claro que nadie podía interponerse.
Dos días después, la violencia escaló. La mujer descansaba cuando el acusado volvió a abordarla. La obligó a levantarse, la llevó hasta la cocina y volvió a agredirla. Esta vez, el ataque incluyó un elemento cortante, tipo navaja. Mientras la víctima intentaba cubrirse, recibió una herida en el brazo. La escena se interrumpió de manera fortuita: un familiar llegó de visita, advirtió lo que ocurría y dio aviso a la Policía.
El miedo no terminó ahí. El 14 de enero, mientras la mujer se encontraba en la sede del Ministerio Público Fiscal, el agresor la llamó por teléfono y la amenazó. Con ese llamado incumplió una orden judicial: tenía prohibido todo tipo de contacto y actos de perturbación tras una denuncia previa.
Las lesiones fueron certificadas por el Cuerpo Médico Forense, y el Servicio de Atención a la Víctima (SAVyT) advirtió que la mujer se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad psicosocial. El riesgo, señaló el fiscal, no era solo pasado: seguía latente.
El intento de fuga terminó de cerrar el círculo. M. E. Q. fue detenido en la terminal de ómnibus de Neuquén cuando se disponía a viajar a Buenos Aires, lo que reforzó el pedido de prisión preventiva. El fiscal solicitó tres meses de detención, al considerar el peligro concreto para la integridad de la víctima y el riesgo de que el acusado eludiera el proceso judicial.
A esto se sumó un dato clave: el imputado cuenta con antecedentes penales por robo y cumplió una condena unificada de 6 años y 9 meses, finalizada en diciembre de 2024.
El juez de garantías Juan Guaita avaló la formulación de cargos, fijó un plazo de investigación de cuatro meses y dictó la prisión preventiva por el término solicitado.
La historia de violencia que se desarrolló en la intimidad de una casa quedó expuesta en una sala judicial, con un agresor detenido y una víctima que, por ahora, puede respirar un poco más segura. La causa sigue su curso, mientras la Justicia intenta evitar que el silencio vuelva a ser cómplice.
