Un comercio común, una actividad ilegal detrás del mostrador
En la zona Centro-Sur de Neuquén, una despensa de barrio operaba como punto de venta de droga. La investigación, encabezada por la fiscalía de Narcocriminalidad junto al departamento Antinarcóticos de la Policía, derivó en la formulación de cargos contra tres personas y en el cierre preventivo del local.
Durante una audiencia realizada el sábado, la fiscal del caso, Eugenia Titanti, expuso la teoría de la acusación y solicitó la clausura del comercio. El juez de garantías, Cristian Piana, avaló el planteo y dispuso el cierre por cuatro meses.
Cómo funcionaba el presunto circuito de venta
De acuerdo con la investigación, entre el 19 de enero y el 27 de febrero de este año, tres personas identificadas por sus iniciales N.B., R.M. y J.M. comercializaron droga en un inmueble del Barrio Nuevo que funcionaba bajo la fachada de una despensa.
Según la fiscalía, N.B. dirigía la actividad y coordinaba la apertura y el cierre del local; R.M. atendía el punto de venta y concretaba los intercambios; mientras que J.M. facilitaba su cuenta de billetera virtual para canalizar el dinero obtenido.
La acusación encuadró los hechos como comercio de estupefacientes, en carácter de coautores para los tres imputados.
El allanamiento: dinero, cocaína y un arma
Horas antes de la audiencia, el viernes 27 de febrero, la Policía realizó un allanamiento en el lugar. Allí secuestró más de 3,7 millones de pesos en efectivo, clorhidrato de cocaína, recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento y una pistola con la numeración limada y municiones en el cargador.
Parte de la sustancia y el arma fueron halladas en el baño del departamento ocupado por N.B., según se informó en la audiencia.
Además del delito vinculado a la comercialización de droga, a N.B. le atribuyeron tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y encubrimiento, en concurso real.
Clausura y prisión preventiva
Tras escuchar a las partes, el juez hizo lugar a las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía y dictó cuatro meses de prisión preventiva para N.B., al considerar acreditados riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.
En relación con los otros dos imputados, dispuso la obligación de fijar domicilio en una vivienda distinta a la investigada, la prohibición de acercarse a menos de 300 metros del inmueble clausurado y la presentación semanal ante el Ministerio Público Fiscal.
El comercio quedó cerrado por orden judicial mientras avanza la investigación.
