Romina Enríquez, imputada por presunta estafa en el marco de la organización de la fiesta de egresados del 5° año de la Escuela Provincial de Comercio N° 19, pidió la eximición de prisión mientras se desarrolla la investigación judicial. El planteo fue presentado por su abogado defensor, Matías Sotelo, ante el Juzgado de Instrucción Dos de la ciudad de Eldorado, en la provincia de Misiones.
Según indicó la defensa, la mujer no se encuentra prófuga y permanece en su domicilio junto a sus hijos. Además, aseguró que Enríquez fue notificada formalmente de la instrucción de la causa.
Informe psiquiátrico incorporado
En el mismo trámite judicial, el abogado incorporó un certificado psiquiátrico que recomienda reposo médico, emitido por una profesional en las últimas horas y validado por la Policía de Misiones. La Justicia analiza el alcance del informe en relación con el pedido de eximición.
Una denuncia por un perjuicio de $25 millones
La denuncia penal fue radicada por padres de alumnos y estima un perjuicio económico de 25 millones de pesos, una cifra superior a la informada inicialmente. De acuerdo con las actuaciones, Enríquez integraba la comisión organizadora y estaba a cargo de la administración de los fondos recaudados durante el año para la celebración.
El dinero, según la acusación, no habría sido destinado al pago de proveedores ni del salón contratado para el evento.
Declaraciones y pruebas en la causa
En el marco de la investigación ya declararon varios padres y el propietario del salón, quienes aportaron documentación y comprobantes de pago. Las familias indicaron que el faltante se detectó el mismo día previsto para la fiesta, cuando se confirmó que solo se había abonado una seña inicial.
La realización de la fiesta y el estado de la causa
Según consta en el expediente, la imputada habría reconocido que el dinero fue gastado en el casino de Eldorado, aunque algunos denunciantes manifestaron dudas sobre esa versión. Pese a la situación, la fiesta se realizó tras un acuerdo entre padres, dueños del salón y la intervención del municipio, que permitió reorganizar el evento de urgencia.
La causa continúa en etapa de instrucción, mientras la Justicia evalúa el pedido de eximición de prisión y el impacto del certificado médico presentado por la defensa.
