El faltante de armas en los depósitos judiciales de Roca desató un escándalo sin precedentes dentro de la Justicia de Río Negro y desencadenó el traslado inmediato de todo el armamento que permanecía bajo secuestro en las tres dependencias del Alto Valle hacia los depósitos centrales de la Policía en Viedma, mientras el fiscal jefe de Cipolletti, Santiago Márquez Gauna, tomó el control de la investigación y recorrió personalmente la Ciudad Judicial para auditar cómo se resguardaban las armas.
La escena es tan grave como inquietante. Durante años, varios centenares de armas secuestradas en causas penales estuvieron bajo custodia judicial. Sin embargo, algo falló. Parte de ese arsenal directamente desapareció sin que nadie lo detectara a tiempo. Varias semanas después de que se conociera el faltante y la gravedad que representa que puedan estar en manos de delincuentes, se dispuso el traslado a donde siempre debieron estar un edificio acondicionado y con la seguridad correspondiente para su resguardo.
Frente a ese panorama, la respuesta fue contundente, pero también expone la magnitud del problema. Una comisión policial especializada avanza con el retiro de armas de los depósitos ubicados en Roca, Cipolletti y Regina. El destino fue Viedma, donde existe un espacio bajo control policial considerado más seguro. La decisión no fue preventiva, fue tomada en la emergencia.
Pero además, el escándalo golpeó en el corazón del sistema judicial. Por eso, el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna no delegó. Viajó a Roca y caminó los pasillos de la Ciudad Judicial, el edificio más importante y grande del Poder Judicial en la provincia. Allí, de acuerdo con la información que trascendió, mantuvo reuniones, inspeccionó depósitos y buscó entender, en primera persona, cómo se almacenaban las armas y qué controles existían realmente.
Además, se supo que durante el fin de semana, en el más estricto del hermetismo, se realizaron allanamientos relacionados con la causa. Aunque no trascendió el resultado, como tampoco de quiénes eran los domicilios inspeccionados. Se sabe que a los tres empleados separados de sus cargos y sumariados, habían sufrido una situación similar hace dos semanas.
El tiroteo que desató el escándalo
Todo se destapó por un dato que, a esta altura, parece casi una señal de alarma ignorada durante demasiado tiempo: un arma apareció en un procedimiento policial en el barrio Tiro Federal, pero esa arma no debía estar en la calle. Tenía que estar guardada en un depósito judicial. Ese hallazgo fue el punto de quiebre.
A partir de ahí, lo que parecía un caso aislado se transformó en un escándalo de dimensiones impensadas. Se detectó el faltante de al menos 114 armas y otras cinco que estaban, sin explicación, dentro de una oficina de una fiscalía. Un combo explosivo que dejó al descubierto fallas graves en los mecanismos de control.
Al comenzar la investigación, se confirmó que el último arqueo general se había realizado en 2023, lo que abre una duda inquietante: cuánto tiempo pudo haberse extendido el faltante sin ser advertido. En ese contexto, se empezaron a tomar medidas internas. En un primer momento, tres empleados fueron apartados de sus funciones de manera preventiva y ya son varios los nombres bajo la lupa. En paralelo, se activó un sumario administrativo para determinar responsabilidades dentro de la estructura judicial.
Además, en las últimas horas se confirmó que hay una cuarta persona implicada, también sería un trabajador que desempeña sus actividades dentro del edificio de calle San Luis, pero no trascendieron mayores datos, ni si tendría responsabildiades directas sobre el resguardo del armamento secuestrado.
