Durante 18 años, su vida transcurrió entre frutas, cajas y movimientos repetidos. Clasificar, presionar, estirar la muñeca una y otra vez. Todos los días hasta que el cuerpo dijo basta. Una trabajadora de la industria frutícola logró que la Justicia le reconozca una incapacidad laboral mayor, luego de sufrir severas lesiones en ambas manos producto de su trabajo como embaladora.
Primero fue el dolor,, después, el hormigueo en las manos. Con el paso de los días, esas molestias se volvieron permanentes y cada vez más intensas. Ya no podía trabajar con normalidad. Lo que parecía un malestar pasajero terminó siendo el inicio de una enfermedad profesional invalidante.
En una primera instancia administrativa, la Comisión Médica reconoció un grado de incapacidad. Sin embargo, para la trabajadora no alcanzaba. Por eso decidió recurrir al Poder Judicial, mientras atravesaba tratamientos médicos, intervenciones quirúrgicas y largos procesos de rehabilitación que no lograron devolverle la movilidad ni la tranquilidad.
El caso llegó al fuero Laboral de General Roca. Allí, tras analizar pruebas y pericias, el tribunal falló a favor de la mujer y condenó a La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo, reconociendo una incapacidad laboral superior a la inicialmente otorgada.
Las pericias fueron contundentes. La médica perito determinó que la trabajadora padece síndrome de túnel carpiano bilateral, directamente vinculado a las tareas repetitivas realizadas durante casi dos décadas en el empaque. Esa conclusión fue clara y no fue cuestionada por ninguna de las partes.
Pero el daño no terminó en lo físico. La pericia psicológica reveló un trastorno depresivo con incapacidad psíquica, relacionado con el deterioro corporal, la pérdida del trabajo y las consecuencias personales que arrastró la enfermedad. Aunque la ART intentó impugnar este informe, la profesional explicó que se trata de un cuadro crónico, con más de dos años de evolución, y dejó en evidencia el nexo entre el cuerpo dañado y la salud mental.
Con todos esos elementos, el tribunal consideró probado que la trabajadora sufre una incapacidad laboral derivada de una enfermedad profesional, con afectación en los nervios medianos distales de ambas extremidades superiores. En consecuencia, fijó una incapacidad del 17,79 %, calculada conforme a los porcentajes correctos establecidos en las pericias. La sentencia de primera instancia ordenó pagar la indemnización correspondiente.
