Un hecho sacudió a Viedma y volvió a poner el foco en la violencia de género y el incumplimiento de medidas judiciales. Un hombre fue imputado por violación de domicilio, amenazas agravadas por el uso de arma y desobediencia judicial, luego de ingresar sin permiso a la casa de su ex pareja y permanecer allí durante varias horas, armado con cuchillos, pese a tener una restricción de acercamiento vigente.
Todo ocurrió el domingo 11 de enero, alrededor de las 7 de la mañana. Según detalló el Ministerio Público Fiscal, el acusado entró al domicilio donde vive la víctima junto a sus hijas e hijos menores de edad. No estaba autorizado a hacerlo, muy por el contrario, tenía medidas judiciales claras que le prohibían cualquier tipo de contacto.
Lejos de retirarse, el hombre se quedó dentro de la vivienda durante horas. En ese lapso, tomó dos cuchillos tipo serrucho y lanzó amenazas, generando una situación de miedo sostenido que se extendió durante casi toda la jornada. La intimidación terminó recién cerca de las 18 horas, cuando personal policial logró aprehenderlo dentro de la casa.
Desde la Fiscalía remarcaron que el accionar del imputado no fue un hecho aislado ni un error. El hombre incumplió de manera directa medidas de protección dictadas por el fuero de Familia, entre ellas la exclusión del hogar, la prohibición de contacto y una restricción de acercamiento. Todas esas disposiciones habían sido notificadas personalmente semanas antes.
Como respaldo de la acusación, la fiscal enumeró pruebas contundentes: la denuncia penal de la víctima, el procedimiento policial realizado por la comisaría interviniente, la constancia de notificación de las medidas judiciales y antecedentes condenatorios previos por hechos de violencia, un dato que agravó aún más su situación procesal.
En ese contexto, el Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva, argumentando riesgos procesales concretos. Entre ellos, el peligro de entorpecimiento de la investigación y, especialmente, la necesidad de resguardar la integridad psicofísica de la víctima, que se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad junto a sus hijos menores.
La fiscal también hizo hincapié en el contexto de violencia de género, la reiteración de denuncias previas y las limitaciones materiales para garantizar medidas menos gravosas que aseguren protección real. En otras palabras: dejarlo libre implicaba un riesgo.
La defensa penal pública se opuso a la prisión preventiva y solicitó medidas alternativas, como la colocación de una tobillera electrónica, además de cuestionar el plazo solicitado. Sin embargo, la jueza de garantías interviniente no dio lugar al planteo. Finalmente, la magistrada tuvo por formulados los cargos conforme a la calificación legal propuesta y dispuso la prisión preventiva del imputado durante el plazo de la investigación, priorizando la seguridad de la víctima y de los menores.
