El caso estalló como una bomba en los tribunales: este viernes, el Ministerio Público Fiscal pidió que los tres acusados sean declarados penalmente responsables por haber manejado de manera fraudulenta la millonaria rifa de los Bomberos Voluntarios de Barda del Medio. La sombra del dinero desaparecido y la sospecha de corrupción se ciernen sobre ellos, mientras la ciudad espera con tensión la fecha clave: el 26 de diciembre, cuando se leerá el veredicto.
El fiscal fue contundente: durante el juicio quedó demostrado que los tres hombres participaron de la maniobra, aunque con distintos roles. Dos de ellos se quedaron con el control total de la rifa y de la recaudación. El dinero que entregaban las cobradoras y hasta los propios bomberos nunca fue depositado en el banco ni registrado. Simplemente desapareció.
El presidente de la Comisión Directiva también quedó bajo la lupa. Según el fiscal, él organizó la rifa, la administró en un primer momento y luego delegó el manejo. Pese a las sospechas, siguió vendiendo y cobrando rifas. Para la Fiscalía, también obtuvo un beneficio indebido. “Se trata de una coautoría mixta, de acción y omisión”, remarcó el alegato.
Los defensores públicos y el abogado particular pidieron la absolución. Argumentaron que no se probó la participación directa en los hechos. Uno de ellos incluso sostuvo que hubo una “toma ilegítima de poder” dentro de la administración para concretar la defraudación.
Qué pasó con la rifa
Según la investigación los hechos ocurrieron entre marzo y septiembre del año 2021 con el lanzamiento de la rifa denominada “Gran bono contribución”. Estaba integrada por un cartón con 10 troqueles, con un valor de 10 mil pesos cada uno. Los troqueles se pagaban de forma mensual, a un valor de 1.000 pesos. Se imprimieron 2.500 cartones y se vendieron 1778.
Los fondos recaudados tenían como finalidad la compra de una autobomba usada en Holanda, y también costear insumos, herramientas y demás materiales para el funcionamiento del respectivo cuartel. El premio principal iba a ser un automóvil que nunca se compró.
Según la cantidad de cartones vendidos por los promotores y los troqueles cobrados por las cobradoras, la Fiscalía estima que se recaudó al menos $8.317.000. Aún se desconoce el destino final de $3.021.483, cerca de $59 millones a valores actuales.
