El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano de la provincia del Neuquén participó de un operativo por una investigación por presunta trata por explotación laboral en una chacra ubicada en la ciudad de Centenario, en el que se verificaron condiciones laborales, habitacionales y se resguardaron los derechos de las personas involucradas.
La grave situación fue identificada a partir de la detección de trabajadores en condiciones de vulnerabilidad, que fueron asistidos por el CAV ante una posible situación de trata de personas con fines de explotación laboral.
La intervención se llevó adelante de manera conjunta con el Ministerio Público Fiscal de la Nación, concretamente con la unidad fiscal de delitos sencillos a cargo de la Dra. Vanesa Rebolledo, el Centro de Atención a la Víctima (CAV), el programa nacional de rescate de víctimas de trata, personal de guardia de la Ley 2302, la subsecretaría de Trabajo, la dirección provincial de prevención y erradicación de trabajo infantil y adolescente y la fuerza pública -en este caso, Prefectura Naval Argentina-.
Destacaron que además de los adultos, detectaron la presencia de cuatro niños que estaban en el lugar con sus progenitores. La familia habitaba una vivienda de material en condiciones extremadamente precarias, por lo cual el equipo de la dirección provincial de prevención de trabajo infantil, sugiriera al CAV y a la guardia 2302 que se disponga una medida a fin de resguardar la integridad física de los mismos.
El secretario de Trabajo, Pablo Castillo, explicó: “en el lugar se constataron trabajadores en condiciones extremadamente precarias, especialmente en lo referido a vivienda, higiene y seguridad laboral. Desde la labor de la subsecretaría de Trabajo no se encontró documentación que permitiera verificar la registración laboral de los trabajadores y esto derivó en el labrado del acta correspondiente, la solicitud de la presentación de la documentación exigida por la normativa vigente y la intimación a regularizar la situación laboral”.
Ante este escenario, y previa comunicación con la defensoría de los derechos del niño/a de guardia, la fiscal interviniente, Vanesa Rebolledo, determinó que la familia no podía continuar en dichas condiciones en el predio y se resolvió disponer el traslado urgente del grupo familiar a un lugar de resguardo, traslado que quedó a cargo del Centro de Atención a la Víctima.
