La causa de Catalina, la niña de 9 años que permanece internada tras ser atropellada por un móvil policial en Plottier, avanza mientras la familia atraviesa horas de angustia y espera. En ese contexto, el abogado de los padres, Joaquín Imaz, brindó definiciones categóricas sobre lo ocurrido y apuntó tanto contra la conductora del vehículo como contra el Estado.
“Catalina está peleando por su vida. Está haciendo un esfuerzo enorme y avanzando muy de a poquito, pero avanzando bien”, sostuvo el letrado, en contacto permanente con Paola y Esteban, los padres de la niña. En las últimas horas, una de las novedades alentadoras fue que los médicos lograron retirarle la asistencia respiratoria, dato que también había sido confirmado públicamente por la madre.
Imaz marcó una diferencia clave desde el inicio de la investigación. “Esto no fue un accidente, fue un siniestro. El accidente es inevitable; el siniestro se puede evitar. Y esto se podría haber evitado”, remarcó.
La causa está en una etapa inicial y es investigada por la Fiscalía a cargo del doctor Andrés Azar, con participación activa de la querella. “Hay hechos que se conocen y otros que queremos conocer. No vamos a dejar ninguna línea sin investigar”, aseguró el abogado.
Entre los elementos ya confirmados, se estableció que el móvil policial circulaba a una velocidad muy superior a la permitida, incluso a más del triple de la máxima para ese sector. “La velocidad máxima no es la velocidad a la que uno debe circular, sino un límite legal. La velocidad real debe ser prudente y acorde al lugar”, explicó.
Sin sirenas, sin luces y sin emergencia
Otro punto central de la investigación tiene que ver con las condiciones en las que circulaba el patrullero. “Iba sin sirenas, sin luces y sin señalización alguna”, afirmó el abogado.
“Se dijo que el vehículo iba con señales reglamentarias y que asistía a una emergencia. Eso quedó probado que no fue así”, sostuvo. Según la información reunida hasta ahora, el móvil se dirigía al lugar donde había sido hallada una motocicleta robada. “Entender que eso es una emergencia es un absurdo”, enfatizó.
El abogado también describió el escenario donde ocurrió el hecho: una calle de tierra, irregular, sin cunetas, cercana a una plaza, donde es habitual la circulación de niños y vecinos. “Hay que ir al lugar para darse cuenta de que es imposible circular a esa velocidad. Era previsible que algo así ocurriera”, señaló.
En esa zona, la velocidad máxima permitida es de 20 kilómetros por hora, justamente por la cercanía de espacios públicos y las características del terreno. Sin embargo, el móvil policial habría circulado a más de 60 kilómetros por hora.
Confirmó que la conductora del patrullero estaba habilitada para manejar un móvil policial, aunque subrayó una preocupación mayor: “Evidentemente no estaba en condiciones de hacerlo. Y eso es un problema grave”.
“¿Quién nos cuida de los que nos cuidan?”, planteó el abogado, una pregunta que también expresaron los vecinos del barrio, que el domingo se reunieron de manera espontánea en la plaza cercana al lugar del siniestro.
Formulación de cargos y responsabilidad del Estado
Respecto al avance judicial, Imaz indicó que la formulación de cargos podría concretarse luego de la feria judicial, aunque no hay una fecha precisa. La familia ya es parte de la causa penal y propuso diversas medidas de prueba.
Además, el abogado anticipó que la responsabilidad no se limita a la conductora del móvil. “No es solo un vehículo oficial: el Estado también es responsable”, afirmó, dejando abierta otra línea de investigación que podría derivar en responsabilidades institucionales.
Mientras la causa avanza, Catalina sigue luchando por su vida y su familia espera respuestas. “Somos todos padres, todos tenemos familiares y todos estamos preocupados para que esto no vuelva a ocurrir”, concluyó Imaz, en un reclamo que ya excede el drama individual y se transforma en una demanda social.
