Un camionero fue imputado por causar la muerte de dos trabajadores estatales de la provincia en un siniestro vial ocurrido en la Ruta 7, a la altura de la Picada 16, en la localidad de San Patricio del Chañar.
La acusación fue formulada este miércoles por la fiscal del caso Guadalupe Inaudi, durante una audiencia realizada en la Ciudad Judicial de Neuquén. Según planteó la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF), el conductor del camión, identificado como E. E. B., manejaba al momento del hecho sin la licencia habilitante correspondiente, requisito indispensable para conducir ese tipo de vehículos.
De acuerdo con la teoría del caso presentada por la fiscal, quien estuvo acompañada por la asistente letrada Agustina Jarry, el hecho ocurrió el 1 de agosto de 2025 alrededor de las 8.30.
Ese día el imputado conducía un camión Iveco modelo Strail con semirremolque que transportaba combustible refinado. Circulaba desde la ciudad de Añelo hacia San Patricio del Chañar a una velocidad aproximada de 88 kilómetros por hora.
Al llegar a la intersección de la Ruta 7 y Picada 16, el conductor perdió el control del vehículo, invadió el carril contrario y chocó de frente contra un utilitario Mercedes Benz Sprinter que circulaba en sentido opuesto.
En el utilitario viajaban tres trabajadores estatales. El vehículo era conducido por Juan Andrés Ceferino Fuentes, quien murió en el acto, al igual que su acompañante Horacio Cofré. Un tercer ocupante que viajaba en la parte trasera resultó herido con politraumatismos.
Por estos hechos, la fiscalía imputó al camionero por homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor, por conducir sin licencia habilitante y por existir más de una víctima fatal. Además, se le atribuyó lesiones culposas graves agravadas en relación con la persona que sobrevivió al choque.
Los abogados querellantes, que representan a las familias de las víctimas, adhirieron al planteo de la fiscalía durante la audiencia.
Como medida cautelar, el Ministerio Público Fiscal solicitó que al acusado se le prohíba salir del país y que tenga la obligación de presentarse una vez por semana en una comisaría de la provincia de Buenos Aires, donde reside actualmente.
La jueza de garantías Natalia Pelosso avaló tanto la formulación de cargos como las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía.
Además, fijó en cuatro meses el plazo para completar la investigación del caso.
