COLUMNA DE OPINIÓN

Cárceles neuquinas: ni derechos para presos, ni seguridad

Desde el Ministerio Público de la Defensa se viene trazando un grave cuadro sobre la vulneración de derechos en las cárceles.
domingo, 01 de diciembre de 2019 · 11:41

Por Luciana Petraglia (*)

Por más que parezca una obviedad decirlo -o escribirlo-, las personas privadas de su libertad tienen derechos humanos que deben ser garantizados por el Estado. Y más allá de que existan sectores de nuestra sociedad que lo cuestionen, así lo establecen -felizmente- las leyes y los Tratados internacionales incorporados a nuestro plexo normativo.

No es mi intención entrar aquí en un debate sobre la conveniencia o no del encierro como método de reinserción, pero sí sobre cómo debería instrumentarse un sistema penitenciario que sea respetuoso de los derechos humanos, y que, además, propenda a la tan mentada resocialización.

Porque me parece que todos estamos de acuerdo en que eso hoy no está pasando, y que la mayoría de las personas que ingresan a las cárceles a cumplir una pena salen más violentas y habiendo sido violentadas. Salvo, claro, algunas excepciones que se pueden atribuir a otras cuestiones que no tienen que ver con la implementación de un sistema integral diagramado e implementado por el Estado.

En la actualidad, Neuquén no cuenta con sistema integral de ejecución de la pena, los establecimientos penitenciarios neuquinos tienen sobrepoblación y está desbordada la capacidad operativa. Lo cual resulta además particularmente llamativo porque nuestra provincia tiene pocos presos -poco más de 500-, muy por debajo de otras jurisdicciones.

Esto se traduce en la falta de espacio necesario para acceder a la educación: son pocos los internos que tienen algún emprendimiento laboral y no cuentan con el lugar adecuado para trabajar, falta personal médico, psicológico y psiquiátrico para cubrir la demanda en materia de salud y existen escasos recursos humanos para elaborar los informes de salidas y libertades.

Las personas privadas de libertad no reciben tratamiento criminológico ni psicológico, que les permita evolucionar hacia la comprensión y el respeto por la ley. La falta de objetivos y metas durante la ejecución provoca que luego se restrinjan sus derechos de acceder a salidas transitorias o libertades anticipadas.

La administración de la cárcel sigue estando en manos de la policía, por lo que el paradigma central continúa siendo el de la seguridad y no el de la resocialización.

En ese contexto continúan perpetrándose casos de violencia institucional, que van desde tratos crueles a mecanismos inadecuados de “gobierno” de la cárcel (administración sin control de medicación psiquiátrica, instigaciones a que los internos lesionen a otros, permisos para que determinados internos dirijan los pabellones, etc).

Todo este escenario de vulneración de derechos, nos hace concluir que el sistema penitenciario neuquino, resulta ineficaz y, de continuar o profundizar este camino, va a multiplicar la violencia social.

Es apremiante, entonces, elaborar un plan integral de ejecución penal a corto, mediano y largo plazo, que incluya la determinación del cupo carcelario real, para que todos los internos tengan real acceso a derechos fundamentales como educación, salud y trabajo; la creación del sistema integral de ejecución penal para contar con los recursos para diagramar el tratamiento criminológico de cada detenido, y operadores formados específicamente en materia de resocialización.

Es menester también que, de una vez por todas, se asignen los recursos económicos necesarios para poder cubrir, cuanto antes, estas carencias, visibilizando que las personas que hoy cumplen una pena de encierro, tarde o temprano, retornarán al medio libre, y que cuanto antes comiencen a recibir este trato -como seres humanos, en definitiva-  mejor estarán preparados para reinsertarse en la sociedad y no volver a delinquir.

(*) Defensora de Ejecución, Ministerio Público de la Defensa de Neuquén.

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