HIJOS COMO REHENES

El infierno de un padre ¿Es perseguido desde el Estado?

Le ha sido negado ver a su hijo. Le impusieron un régimen de tobillera de geolocalización. Afirma que se enfrenta con funcionarios del Estado que usan su influencia.
jueves, 18 de noviembre de 2021 · 17:00

El hombre que llamaremos L tiene 42 años, una empresa en Neuquén, hace casi dos meses que no puede trabajar y vive un verdadero infierno que combina demandas judiciales, acciones policiales, restricciones y hasta una tobillera electrónica de seguimiento, un dispositivo de geolocalización. El infierno de L, le dice a este periodista, es producto básicamente, de una aplicación ilegítima del poder de influencias desde el Estado neuquino. Concretamente, una familia entera de empleados y funcionarios de la Administración Pública está en su contra. La puja es para poder ver a un hijo. Esa posibilidad le es negada pese a tener homologado un régimen de visitas.

L disputa con una mujer a la que llamaremos G. Era su esposa, hasta un divorcio emergente de una “infidelidad”, asegura L. Esa infidelidad produjo el “abandono de hogar” de G. Ella es funcionaria del Estado con rango de directora. Su madre también. Y sus hermanos revistan también en el Estado. La historia de L, plagada de detalles impresionantes, es la que empiezo a revelar en una serie de notas que se inauguran con esta. Se protegerán identidades y se tendrá mesura extrema: no se persigue sensacionalismo alguno, sino mostrar la singularidad de un hecho que, a su vez, coincide con muchos otros hechos en el mundo de las familias que pujan por sus hijos, y en donde interviene el Estado, tanto desde el Poder Ejecutivo como desde el Poder Judicial.

L tiene dos hijos con G. Una, ya pasando la adolescencia, vive con él. El otro, en la escuela primaria, tenía un régimen repartido: unos días con la madre, otros con el padre. Pero ahora se van a cumplir dos meses que el padre no puede verlo. La situación se ha tornado muy densa. Sobre todo, después de un episodio en la comisaría Tercera, de la capital neuquina. Ese día, L consiguió sacar a su hijo de la casa de G, afirmando que ambos (ella y su actual pareja) estaban alcoholizados y drogados. En la dependencia judicial, cuando hacían la denuncia al respecto, se encontraron con G, y su madre. Ambas directoras de dependencias estatales. Hubo agresiones y amenazas. Una de las directoras fue demorada por esas advertencias hechas en nombre del poder del Estado. Esto ocurrió a fines del año pasado.

Hubo más denuncias cruzadas, persecuciones en forma de “grooming” en la escuela del niño menor. A L lo conminaron a concurrir al Dispositivo de Ayuda al Varón (DAV), una dependencia creada para tratar hombres violentos. Hizo siete sesiones. Afirma que salió con credenciales positivas. El no vio el informe, ni su abogada, porque se le envía directa y confidencialmente a la jueza interviniente. Sin embargo, la historia que se cuenta es que la “familia de estatales” tuvo acceso, e hizo un uso con ánimos de adulteración, al punto que L fue considerado de altísimo riesgo. Desde Seguridad del Estado se le otorgó un rondín policial a G. A L lo llamaron de la comisaría y le instalaron una tobillera de geolocalización. Ahora es un hombre que, según el Estado, es violento, de alta peligrosidad, y está vigilado las 24 horas del día.

“Me la banco, me la banco por mis hijos”, le dice a este periodista, en una larga charla con lujo de detalles, documentación, fotos, videos.

El hijo en litigio es considerado ahora con un grado de discapacidad, a partir de trámites realizados por G. “Lo van a declarar con espectro autista”, dice L.

El infierno está en su esplendor. Es un infierno chiquito, tal vez, para los horrendos hechos públicos que se viven todos los días en este país convulsionado. Pero para quienes están en él, es todo un mundo. Un mundo que permanece, la más de las de veces, amparado por el silencio. Mucho más, si roza esa sacrosanta estructura del poder construido en el Estado.

(Continuará)

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