REPRESIÓN FATAL
Fuentealba II: presentaron cargos contra exjefes policiales
Fue en la audiencia de control de acusación, de la causa por encubrimiento del asesinato del maestro Carlos Fuentealba, en 2007.
El próximo 18 noviembre, el juez de Garantías Lucas Yancarelli resolverá si envía a juicio a ocho efectivos policiales por la participación que se les atribuye en el asesinato del maestro Carlos Fuentealba, ocurrido en abril de 2007 durante la represión a una manifestación del gremio docente ATEN en Arroyito.
Este viernes, en medio de una marcada expectativa, se desarrolló en la Ciudad Judicial la audiencia de control de acusación –instancia previa al juicio oral- en el expediente conocido como “Fuentealba II”, un desprendimiento de la causa principal por la que se condenó a prisión perpetua al expolicía Darío Poblete, como autor del disparo mortal con una granada de gas lacrimógeno en el cráneo.
La querella del expediente, representada por el abogado Marcelo Medrano en nombre de Sandra Rodríguez, presentó los cargos contra el exjefe de la fuerza, Carlos Zalazar; el exsubjefe, Moisés Soto, el exsuperintendente de Seguridad Metropolitana, Adolfo Soto, el exjefe del Departamento de Seguridad Metropolitana, Jorge Garrido y el exdirector de Seguridad, Mario Rinzafri.
Zalazar está imputado por abuso de autoridad y el resto por el mismo delito y también por la comisión de encubrimiento del asesinato del maestro neuquino.
También presentó la acusación contra los policías Aquiles González y Julio César Lincoleo por encubrimiento agravado, y Benito Matus por abuso de armas y lesiones leves.
En tanto, pidió la absolución de los efectivos policiales Luis Alberto Rodríguez, Oscar Antonio Lezama, Cristian Alejandro Vázquez Salinas, Félix Torres, Pablo Oddone y Rubén Hernández.
La audiencia estuvo presidida por el juez Lucas Yancarelli y se celebró tras 14 años de haber ocurrido el hecho por el cual resultó condenado a prisión perpetua Poblete.
Todos los imputados habían sido sobreseídos por el Ministerio Fiscal hasta que en 2019 el expediente llegó a la Corte Suprema de Justicia en cuya resolución le ordenó al TSJ el dictado de un nuevo fallo.
La audiencia de hoy pasó a un cuarto intermedio hasta el 18 de noviembre en que el magistrado resolverá si se abre la etapa de juicio oral.
"A pesar del cerco político-judicial que le han puesto al trámite en los tribunales de Neuquén, a esta y a todas las causas donde se pretende juzgar un operativo policial desmedido e irracional cuando menos, estamos en condiciones de precisar las acusaciones, dentro de las posibilidades que dejaron las imputaciones iniciales (atribuidas en julio de 2007 por el fiscal Richard Trincheri) y consolidadas a lo largo de los casi 15 años de idas y vueltas de la causa", señaló ATEN en un documento difundido previo a la audiencia.
El texto agregó que "la impunidad de hoy es una larga construcción de la justicia del Neuquén. No obstante aquí estamos de pie y vamos a demostrar cómo fue el "Operativo Arroyito": un plan para disciplinar y escarmentar".
Y finalizó con que “sin dudas llegar a esta instancia, habiendo sorteado todas las trabas y dificultades que representó el poder político y judicial de la provincia del Neuquén (a través de jueces y fiscales que permanentemente obturaron el acceso a la justicia) es el resultado de la lucha colectiva e indudablemente de la constancia y valentía de Sandra Rodríguez y sus hijas".
