VIOLENCIA EN EL ESTADO

Protocolos como respuesta política: la nada misma

Tras los casos denunciados en el Estado, que derivaron en la renuncia de dos funcionarios, se asiste a la recurrencia a un mecanismo formal, más aparatoso que eficiente.
jueves, 27 de octubre de 2022 · 10:43

Un protocolo -disposición referida a acciones a seguir ante determinada situación- para prevenir y eventualmente actuar ante casos de violencia laboral, ha sido la poco original e interesada respuesta política del gobierno de Omar Gutiérrez tras las denuncias contra dos ahora ex funcionarios -Adrián Urrutia y Ernesto Seguel- por presuntos hechos de acoso de distinto calibre en el sacrosanto ámbito laboral del Estado.

Los protocolos como respuesta a problemas están en el manual del gobernante neuquino. Por ejemplo, se actuó de igual manera frente a la violencia familiar, hace siete años. Se creó un protocolo. En este caso, la diferencia es que el ámbito no es la familia propiamente dicha, ese deteriorado “pilar” de la sociedad argentina, sino el Estado, que como gobierna el mismo partido desde hace tanto tiempo, es una especie de familia, aunque no lo sea, con un gobernador oficiando de patriarca y ministros que son como esos tíos confianzudos que se las pasan dando consejos.

Es una respuesta política que quizás sea más formal que efectiva; oportunista desde la cáscara antes que medular, profunda y eficiente. La violencia en el Estado ha anidado hace mucho tiempo, bajo distintas categorías y formas. ¿O acaso la ejercida por el sindicalismo estatal en tantas ocasiones, no es también una transgresión al código de convivencia que contemplan la Constitución y las leyes?

De hecho, es revelador que estos casos tan mediáticos, los de Urrutia y Seguel, fueran ventilados por un ala feminista militante, y no por los sindicatos del sector, que supuestamente están para defender a sus representados. El sindicalismo estatal, particularmente el actual de ATE, ha sido un triste ejemplo de vulneración permanente del derecho de otros, actuando con una violencia tremenda, como ha sido recientemente el caso de agresión con arma de fuego contra periodistas, y una empleada municipal, en San Martín de los Andes.

El único protocolo existente, sin embargo, entre gobiernos y sindicatos estatales, ha sido el de la mutua conveniencia administrando los dineros públicos y recibiendo eventualmente sus beneficios; y, en ese contexto, disimular todo lo posible cualquier aberración que surgiera en el proceso. Se olvida, entre otras cosas, que los sindicalistas son también empleados del Estado. Con la misma o mayor responsabilidad que cualquier servidor público.

Ahora, se anunciará una vez más un abordaje integral para las situaciones de acosos o abusos en el ámbito laboral del Estado. En realidad, no haría falta: todo está contemplado ya en la normativa vigente. Lo único que habría que recordar es que las leyes son más perfectas que las personas que están encargadas de aplicarlas y hacerlas cumplir.

Habría que hacer, en todo caso, un protocolo del compromiso: que quien asuma la responsabilidad de un cargo público, lo honre con honestidad suprema y dedicación absoluta. Porque no está en una familia que busca la autosatisfacción de sus necesidades, sino en una institución creada para servir a la comunidad.

Mientras, cualquier protocolo que se confeccione con más aparatosidad que eficiencia, será, lamentablemente, la nada misma.

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